La diputada federal María Elena Pérez-Jaén (PAN) presentó 35 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la candidata de Morena al gobierno de Veracruz, Rocío Nahle García, por irregularidades en las cuentas públicas de 2019, 2020 y 2021, que suman 533 millones de pesos, relacionadas con la construcción de la refinería de Dos Bocas
La legisladora explicó que Nahle, como secretaria de Energía, fue la responsable de otorgar y revocar asignaciones; establecer los lineamientos técnicos para las licitaciones; el diseño técnico de los contratos, así como adjudicar asignaciones y otorgar permisos para el tratamiento y refinación del petróleo, y procesamiento de gas natural.
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“De acuerdo con las auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a Petróleos Mexicanos en las Cuentas Públicas de 2019 a 2021, se detectaron múltiples irregularidades en donde se señalan a las subsidiarias Pemex Corporativo y Pemex Logística, reflejando deficiencias en los procesos de gestión y control financiero de esta empresa productiva del Estado”, aseguró la legisladora.
Indicó que las irregularidades no se limitan a los montos pendientes de recuperar o aclarar, sino que también se han observado diversas prácticas anómalas en la ejecución de contratos y proyectos, señaladas por la ASF en 35 pliegos de observaciones por presuntos daños al erario.
Estas irregularidades, detalló la legisladora, abarcan desde pagos indebidos y excesos en pagos a distribuidores y beneficiarios, hasta la falta de pago de anticipos y otras discrepancias relacionadas con la realización de proyectos.
Pérez-Jaén enfatizó que se destacan problemas como la existencia de pagos duplicados, diferencias en los volúmenes ejecutados y pagados, errores aritméticos e incumplimientos en contratos, entre otros.
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“Dos Bocas no ha refinado ni un barril, lo único que han refinado es el arte de robar”, dijo la panista al destacar que las cifras y hallazgos revelan la urgencia de investigar la responsabilidad de Nahle García y el destino final de esos recursos erogados y no transparentados.