El trabajo infantil aumentó durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, señala la última medición del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); uno de los factores del incremento podría ser la entrega de apoyos directos del Gobierno federal, señala experto.
El investigador de la Universidad La Salle, Felipe Gaytán Alcalá, consideró que en el trabajo infantil en México influyen varios factores, culturales y sociales, pues hay comunidades donde está arraigado que los menores ayuden en las tareas del campo, refirio en entrevista con 24 HORAS.
La Encuesta Nacional Sobre Trabajo Infantil (ENTI) 2022 -cuyos resultados se presentaron en octubre pasado y son las últimas estadísticas al respecto de este tema- señala que 3.7 millones de niños entre 5 y 17 años realizan algún tipo de trabajo, como actividades domésticas y labores no permitidas por la ley.
En el caso de México, dijo Gaytan “esa cantidad de 3.7 millones de niños que trabajan tiene una cifra negra y el problema es que se está perdiendo una generación y el futuro de los niños”.
Al arrancar el actual sexenio, la misma encuesta consideraba que en el país había 3.3 millones de menores en condiciones de trabajo infantil; es decir, durante el actual Gobierno federal aumentó 12.1%.
El top 10 de estados con más niños que trabajan lo conforman Guerrero, Chiapas, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Yucatán y Veracruz.
En contraste, la Ciudad de México tiene la menor incidencia de trabajo infantil en el país, seguido de Baja California, Coahuila, Querétaro y Nuevo León.
Respecto a las ocupaciones no permitidas para menores por la ley, los datos indican que 33% de niños que trabajan en México lo hacen en el sector agropecuario; 12.5%, en industrias extractivas de electricidad y gas; 23% en servicios; 21%, en comercios informales, y 7%, en la construcción.
El 62% de hogares mexicanos con integrantes en situación de trabajo infantil y en ocupaciones no permitidas indicaron que lo hacen por los precios elevados de los productos alimenticios.
En un informe sobre los resultados de la encuesta, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) indica que en trabajos peligrosos, como labores de construcción y jornaleros agrícolas, en 2022 se ocupaban 1.2 millones de niñas, niños y adolescentes en México.
La organización social resalta el caso de los 350 mil 146 niños y niñas de entre 5 y 9 nueve años que se considera población ocupada por contar con un trabajo, de los cuales 138 mil 856 realizan actividades no permitidas, catalogadas como peligrosas y prohibidas por ley.
ANÁLISIS
El investigador Gaytán mencionó que en Bolivia, hace años, se intentó prohibir el trabajo infantil, pero los mismos padres de familia “echaron para atrás la ley porque se requería de esa mano de obra”.
Aseveró que se piensa que la mayoría de niños que trabajan en el país son víctimas de explotación laboral por parte de sus padres, pero esas situaciones son minoría.
“En el fondo se trata de una estrategia de sobrevivencia de las familias para poder cubrir los mínimos necesarios”.
En estados como Guerrero Oaxaca y Chiapas, influyen hasta cuestiones culturales para que los menores comiencen a trabajar desde los seis años, principalmente en labores agrícolas.
Respecto al género, indicó, que los varones por lo regular entran a trabajos donde pueden ser remunerados, pero las niñas generalmente lo hacen en ayuda de labores del hogar que es un trabajo pesado, peligroso e incluso invisible.
“La política social durante mucho tiempo se enfocó en dar una beca que no era directamente al niño, sino a la madres de familia para resolver sus necesidades y era un incentivo”.
Sin embargo, en el actual sexenio “eso desapareció, das el dinero de manera indistinta y ya no hay ese incentivo para que el niño vaya a la escuela y mantenga la beca, hoy dan el apoyo estén o no estén, entonces reciben el dinero y pueden manejar un doble ingreso: tener el apoyo y mandar al niño a trabajar”.
Un ejemplo de dichos programas sociales serían las extintas becas de Prospera, que desaparecieron con la llegada de la actual administración, en las cuales era obligatorio ser alumno regular, así como contar con constancias de permanencia del estudiante, emitida por el director de la institución, y que ahora han sido adaptadas a las becas del Bienestar sin monitoreo alguno.