El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) abrió una investigación de oficio por la divulgación de datos personales, contenidos en diversos documentos del expediente del caso Márquez Padilla, que fueron publicados por la Oficina de la Presidencia de la República.
De acuerdo con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), la Presidencia de la República es responsable de proteger los datos personales que posee y trata en el ejercicio de sus atribuciones, y está obligada a cumplir con los principios, deberes y obligaciones, previstos en la normatividad.
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El organismo autónomo advirtió que los documentos publicados contienen datos de personas relacionadas por vínculos de parentesco, que identifican o hacen identificables a diferentes personas físicas, por lo que presume la existencia de incumplimientos a la ley en la materia.
A la par de la investigación de oficio, el Instituto reportó que se mantiene atento a las denuncias que pudieran presentar las personas afectadas por la difusión de sus datos personales, a fin de iniciar los procedimientos correspondientes.
Durante la mañanera del viernes pasado, el titular de Pemex, Octavio Romero Oropeza, informó que hasta febrero pasado María Amparo Casar cobró una pensión vitalicia en Pemex que obtuvo presuntamente de manera ilícita.
La empresa petrolera, indicó, presentó denuncias penales para intentar recuperar un monto estimado en 31 millones de pesos por el presunto fraude.
El director de Pemex aseveró que en 2004, Carlos Fernando Márquez, esposo de la presidenta de MCCI, se suicidó en las instalaciones de la petrolera.
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Casar solicitó todos los beneficios postmortem para su esposo, como la pensión vitalicia para ella y sus hijos, pero Pemex acusa que lo hizo de forma fraudulenta, debido a que se entregó por muerte accidental, previo a que el Ministerio Público resolviera que fue un suicidio.
A su vez, el trámite de pensión se realizó cuando María Amparo Casar era jefa de asesores del entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel.
Tras las declaraciones de Romero Oropeza, la Presidencia de la República publicó el expediente completo del caso, sin testar ningún dato personal, por lo que se hizo publica información de ella y sus hijos.
EAM