Los activistas arriesgan su vida por defender el medio ambiente, la tierra o lugares amenazados por diversos intereses, se exponen a diversas agresiones -que a algunos les ha costado la vida- pero aún así mantienen sus convicciones.
Las agresiones contra ellos han repuntado en los últimos años; por ejemplo, en 2023 se registraron 20 homicidios, entre ellos dos activistas de Tlalmanalco, Estado de México y 19 desapariciones.
Aunque la tendencia este año va a la baja, el contexto para la defensa del medio ambiente es muy adverso, porque los ataques no son investigados por las autoridades y eso fomenta la impunidad, aseguró Felipe Romero Bartolo, coordinador del área de Derechos Humanos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental AC (Cemda).
Uno de los casos más recientes es el del ambientalista, profesor rural michoacano e integrante del Consejo Popular de Chinicuila, José Gabriel Pelayo -cuyo paradero se desconoce desde el 19 de marzo pasado-.
José salió de su domicilio, en la comunidad de Coahuyula, rumbo a Coalcomán, a algunas actividades importantes, entre ellas llevar a su esposa a tomar el autobús camino a Morelia. A las 11:20 su esposa tuvo un último contacto con él vía Whatsapp.
SUS AGRESORES
Los principales agentes agresores son el Gobierno, ya sean policías municipales, estatales, federales, el Ejército o la Guardia Nacional, seguido de la delincuencia organizada, con una
participación en 37 casos (29.6 por ciento) y las empresas privadas, señala el informe 2023 sobre ataques a activistas del Cemda.
En cuanto a agresiones, los estados más letales son Michoacán (7), Guerrero (6), Oaxaca y Edomex (2) e Hidalgo, Sonora y Jalisco (1).
Además, hubo 282 ataques contra ellos, que van desde amenazas, golpes y criminalización, hasta difamación y detenciones arbitrarias, entre otras, documentó el Centro.
Del año pasado, Jalisco fue el que reportó más eventos o agresiones con 20, pero Oaxaca y Chiapas han registrado un número constante desde 2021, lo que las sitúa como las entidades más peligrosas, además de que en este rubro repite el territorio jalisciense, seguido de la Ciudad de México.
Las principales agresiones ocurridas el año pasado fueron amenazas (33), intimidación (28), agresiones físicas (26), criminalización (21), homicidio (20), hostigamiento (19), difamación (18), daño en propiedad (14), estigmatización (14), detención ilegal (10) y uso indebido de la fuerza (9).
Romero comentó que identificaron que muchas agresiones de estigmatización están enmarcadas por la defensa de la selva por las obras del Tren Maya y del corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, muchas de las cuales provienen de algún tipo de autoridad.
Además de los megaproyectos, la minería es el sector que genera más ataques (30), seguido de vías de comunicación (18) y sector forestal (13).