JUSTICIA. Buscan activistas visibilizar ataques con ácido para obtener justicia para cada una de ellas.
Foto: Especial | Ambientalistas y activistas adelantaron que recurrirán al Poder Judicial de la Federación para interponer amparos  

Ambientalistas y activistas adelantaron que recurrirán al Poder Judicial de la Federación para interponer amparos, luego de las concesiones de licencias y condonación de pagos que fueron otorgados a grupos de vallas publicitarias.

De acuerdo con los activistas, las modificaciones firmadas por el jefe de Gobierno, Martí Batres, para la concesión de licencias y condonación de pagos para grupos de vallas publicitarias dejan en vulnerabilidad a quienes transitan por el espacio público.

Además de que representan acciones que contravienen la Ley de Publicidad Exterior, no se respeta el ámbito de protección civil ni la preservación de la vida.

El presidente de la Asociación Civil Rescatando el Paisaje Urbano, Édgar Méndez, externó su preocupación respecto a las modificaciones, pues refirió que dichas decisiones carecen de seguridad jurídica.

Señaló que como consecuencia aumentarán los riesgos en materia de protección civil, contaminación visual y ambiental en las calles capitalinas, pero representan un beneficio para la “empresa consentida” del secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Grupo Rentable de Ricardo Escoto.

“Pedimos al Congreso de la Ciudad que no dejen pasar esta arbitrariedad que beneficia a Grupo Rentable, que controla la mayoría de las siete mil vallas ilegales en la capital, pero que ahora tendrán licencias y a precios módicos”, expresó Méndez.

Los inconformes recordaron que el 29 de abril pasado Batres publicó que quienes deseen acceder al beneficio del acuerdo deberán presentar una solicitud de emisión de licencia y tendrán facilidades para realizar el pago en hasta tres parcialidades.

Expusieron que, en contraste con quienes pagaron sus licencias de “vallas legales”, incluyen reducciones de hasta el 80 por ciento, pasando de los 2 mil 700 pesos hasta los 600 pesos.
Afirmaron que se trata de un engaño proveniente desde la Seduvi y la Consejería Jurídica del Gobierno central, quienes, agregaron, no informaron al mandatario local que la empresa con más vallas irregulares en toda la capital es Grupo Rentable.

Precisaron que en la entidad contabilizaron más de siete mil vallas ilegales, de los cuales el 90 por ciento corresponde a dicha empresa y de Grupo de Vallas, de manera que sólo mil 340 cuentan con licencia.