En uno de los edificios de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa un mural con la imagen de Lucio Cabañas y el mensaje “desgraciados los pueblos donde la juventud no haga temblar al mundo” anticipa el instinto combativo de las y los estudiantes.
Controversialmente, ese lema parece legitimar la presunción según la cual ser parte de una tradición rebelde permite desplegar movilizaciones y técnicas muy cercanas a la violencia disruptiva de la comunidad y herir a policías.
Cabañas y Genaro Vázquez, maestros egresados de esta escuela y líderes de una guerrilla en la montaña de Guerrero en la década de los 60, siguen presentes y son un símbolo de resistencia identitaria para los alumnos. Son emblemas de lucha y martirio causado por la represión del antiguo PRI hegemónico más que de progreso colectivo generalizado en lo intelectual o material.
Aunque las escuelas normales rurales —actualmente 17 en el país—surgieron con la idea de dar oportunidad a las comunidades más vulnerables de acceder a educación para su movilidad social, el modelo neoliberal terminó por marginar a sus egresados del mercado laboral y concentrarlos en actividades agrícolas o el ámbito suburbano.
En octubre de 2014, tres años antes de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, un bloqueo de normalistas en la Autopista del Sol terminó en un enfrentamiento con saldo de dos estudiantes muertos. En marzo pasado derribaron con una camioneta una de las puertas de Palacio Nacional de la calle Moneda, en un entorno de incertidumbre legítima sobre el paradero de los cuerpos de los 43 estudiantes.
El ataque de este lunes se presenta ante la resolución de un juez federal de cambiar la medida cautelar a ocho militares involucrados en el caso para que sigan su proceso en libertad.
Ante la agresiva manifestación, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana formaron un cerco frente a Palacio Nacional. Para contener a los supuestos normalistas, de quienes familiares de los desaparecidos se deslindaron, así como para evitar un alto número de heridos, el sistema ciertamente falló. Sí es posible mayor prevención, operación e inteligencia y menos elementos de seguridad lastimados.
La oposición busca sacar provecho del incidente ante la ventaja de las candidatas presidenciales, Claudia Sheinbaum, y a suceder a Martí Batres en el Gobierno de CDMX, Clara Brugada, afirmando que es una estampa más de la inseguridad.
El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el respeto a la instrucción de no caer en provocaciones, aunque el protocolo de uso legítimo de la fuerza autoriza más.
La violencia de origen político está parcialmente naturalizada por bases y liderazgos de quienes agreden a policías. Hay un sistema renuente a contenerla. Parece prevalecer un sentimiento de culpa colectiva donde el Estado no ha resuelto la desigualdad y tampoco intenta reprender, si no reprimir, conforme a la ley, a las expresiones más disruptivas y marginales de la pobreza política mexicana.
@guerrerochipres