Con cuatro votos en contra y uno a favor, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó la propuesta de levantar la suspensión definitiva contra la eliminación de los 13 fideicomisos del Poder Judicial.
Durante la sesión de este miércoles, la ministra Lenia Batres presentó un proyecto que señalaba que la suspensión significaba un riesgo para la población de Guerrero, pues se acordó que los fondos de esos fideicomisos serían utilizados para apoyar a la población afectada por el huracán Otis.
Otro de sus argumentos fue que el juez Edgar Martín Gazca, quien otorgó la suspensión definitiva, se extralimitó en sus funciones al poner por encima los intereses del Consejo de la Judicatura sobre los de los damnificados.
En contraste, el ministro Luis María Aguilar indicó que dicho freno a la eliminación de los 13 fideicomisos y transferencia a los afectados por el huracán era materia del fondo del asunto, la que no se ha discutido.
En noviembre pasado, Elizabeth Trejo Galán, titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, concedió la suspensión definitiva de lo aprobado en el Legislativo y por lo tanto los 15 mil millones seguirán en los fideicomisos del Poder Judicial.
De acuerdo con la notificación de la demanda de amparo 1754/2023, publicada en los estrados del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la suspensión fue concedida a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, instancia que ingresó el recurso en contra del decreto que elimina los fideicomisos del Poder Judicial.
Dicha asociación indicó que la estrategia jurídica de los juzgadores federales sería interponer una única demanda de amparo, en nombre de los trabajadores del Poder Judicial, para solicitar la protección de la justicia ante las supuestas afectaciones a sus derechos laborales por la extinción de fideicomisos.
En octubre pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que con 84 mil millones de presupuesto, al Poder Judicial le alcanza para cumplir sus metas y que no se verían afectados los salarios y prestaciones de sus trabajadores.
Sin embargo, la decisión generó sendas protestas entre los trabajadores del Poder Judicial quienes llamaron a un paro general que duró varios días.