A pesar de que desde el 4 de abril de 2021 la subcontratación laboral quedó prohibida en la Ley Federal del Trabajo, salvo para la prestación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) ha realizado 3 mil 223 acciones de vigilancia derivadas de quejas, denuncias, solicitudes de revisión y/o verificaciones por presuntas violaciones a esta disposición.
En respuesta a una solicitud de información, la dependencia informó que este número de acciones las ha realizado desde el 23 de abril de 2021, fecha en que entró en vigor la reforma, hasta el pasado 31 de marzo del presente año.
Derivado de estas más de tres mil acciones hacia personas físicas y morales, se han impuesto un total de 644 multas en las que se identificó algún tipo de incumplimiento a la normatividad laboral en materia de subcontratación durante el periodo señalado.
A la STyPS también se le solicitó conocer una versión pública de las empresas y dependencias gubernamentales que hayan incurrido en violación a la prohibición de la subcontratación laboral, pero indicó que no está facultada para realizar visitas de inspección a entidades del gobierno, secretarías de Estado, paraestatales, organismos desconcentrados y descentralizados.
Respecto a las empresas indicó que no encontró información sobre cuáles han incurrido en violación a la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación laboral.
Al respecto, la diputada federal sin partido, Susana Prieto, quien tiene una larga trayectoria en defensa de los derechos laborales de los trabajadores, particularmente en las maquiladoras de la frontera norte del país, aseveró que las cifras dadas a conocer por la STyPS están maquilladas.
Sostuvo que la dependencia, en tiempos en que era encabezada por Luisa María Alcalde, les hizo llegar a los legisladores un listado en el que se daba cuenta de alrededor de 23 mil quejas de trabajadores por subcontrataciones.
Prieto reclamó la ausencia de una campaña de información que oriente a los trabajadores para que no sean víctimas de este tipo de contratación laboral, pues en muchas ocasiones no saben siquiera que significa trabajar bajo ese esquema y se dan cuenta cuando no pueden exigir otros derechos, como el reparto de utilidades.
La diputada criticó la cantidad de multas que impuso la autoridad, pues significa apenas un promedio de 20% y en las que ni siquiera se tiene la certeza si también se castigó a la empresa que se beneficia de la subcontratación, o solo a quien la promueve.
“Porque una cosa es que se pague la infracción y que luego vuelvan a operar con otra razón social, que es muy común, pero no se multa a las empresas que se benefician del outsourcing, sino nada más a quien ofrece los servicios”, condenó.
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