Por más que insistieron en que la seguridad era el problema número uno de la República en el proceso electoral general de 2024, la sociedad acudió a las urnas sin contar con ningún diagnóstico sensato y creíble sobre las razones de la violencia delictiva y sin tener claras siquiera las propuestas de las tres fuerzas políticas determinantes.
Se supo, eso sí, que Morena continuará el proyecto presidencial de construcción de la paz, que la coalición PRI-PAN-PRD dijo que iban a cambiar las cosas y que Movimiento Ciudadano en realidad eludió un compromiso concreto en la materia.
Todo diagnóstico debe partir del punto de entrada de que lo hecho hasta el momento no ha dado resultado, independientemente de las razones y las justificaciones: la violencia delictiva ha crecido, los grupos criminales se siguen entronizando en las estructuras locales y las autoridades se protegen detrás de las cifras que dicen mucho porque no explican nada.
En estos cuatro meses de interregno -de junio a finales de septiembre- el país quedará atrapado en la misma violencia delictiva que viene, si bien se recuerda, desde mayo de 1993 con el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y que han pasado 31 años de estrategias y justificaciones y la inseguridad hoy es peor que entonces, incluyendo la circunstancia inexplicable de que en la actualidad se tienen estructuras más formales y profesionales para combatir a los delincuentes, pero las cifras consolidan una situación de emergencia nacional.
La inseguridad no pudo enfocarse en la campaña como un problema social, sino sólo como un asunto electoral para la acumulación de votos. Lo grave del asunto fue que las campañas revelaron agresiones y asesinatos de candidatos y políticos y ninguno de los partidos en pugna tuvo la fortaleza o la sensatez de anunciar su retiro de elecciones porque no había condiciones que garantizaran prácticas democráticas en campaña y en las urnas.
Zona Zero
- El 1 de octubre que tome posesión la próxima administración federal, sabremos como sociedad qué planes hay para enfrentar el principal flagelo contra la estabilidad nacional y ya no sólo con toda la seguridad individual de las personas. Mientras no existan garantías de seguridad interior, el desarrollo económico y social quedará determinado por lo que permitan o no los grupos delictivos que tienen el control de la seguridad territorial de espacios de soberanía del Estado.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
@carlosramirezh