El próximo sexenio arrancará con cientos de pendientes en el Congreso, entre nombramientos faltantes e iniciativas que permanecen sin concluir su proceso legislativo.
En primer lugar, la generación de senadores que entraron en 2018 y concluyen en agosto de este año no lograron alcanzar los consensos para poder nombrar en dos Legislaturas a magistrados electorales y titulares de organismos autónomos, heredando más de 100 nombramientos al nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum.
Los pleitos internos en el Grupo mayoritario de Morena y la falta de consensos con la oposición, bloquearon el nombramiento de tres comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Inai), así como de cinco magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el del presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Asimismo, tampoco se designaron a magistrados electorales de las 32 entidades federativas ni a los 10 integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tampoco se lograron acuerdos para nombrar a los integrantes del Consejo Consultivo en materia educativa ni del Sistema Público de Radiodifusión.
Entre las leyes pendientes destacan la Ley reglamentaria de la consulta indígena; la legislación para sancionar delitos contra personas trans y la Ley que repone el Fondo para el Desarrollo de la Industria Cinematográfica.
Mientras que en la Cámara de Diputados, se encuentran las 18 reformas constitucionales y las dos leyes secundarias que están pendientes de dictamen en comisiones, enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, algunas de las cuales forman parte del Plan Además, también se encuentran las iniciativas correspondientes a la reducción de 48 a 40 horas de la jornada laboral, de la cual se aprobó su dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales desde abril de 2023, y que no ha sido puesta en lista para pasar al Pleno para discutirla y votarla.
Pendiente también está la “ley silla”, aprobada por el Senado y actualmente en comisiones de San Lázaro.
Junto con las reformas sobre el periodo que gozarán los padres en el nacimiento de un hijo, la Ley General de Aguas, y la Ley General de Ciberseguridad.
Para el doctor Bernardino Esparza Martínez, especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, si el Congreso aprueba completamente o en parte el llamado Plan C, todavía quedarán pendientes las reformas para reglamentar los cambios que se proponen.
Explicó que de éstas, la más importante es la de Poder Judicial, pero faltará saber “de qué forma y cómo van a elegir a los ministros, y de qué forma y de qué manera van a nombrar a consejeros y/o magistrados, ambos de instituciones electorales y son reglas del juego que se tienen que hacer”.