Confrontación. Diputados compartieron sus puntos en contra y a favor del proyecto; por un lado, comentaron que omite atribuciones exclusivas de las alcaldías y por el otro, destacaron que garantiza el ejercicio pleno de los derechos sociales.
Foto: Especial | Confrontación. Diputados compartieron sus puntos en contra y a favor del proyecto; por un lado, comentaron que omite atribuciones exclusivas de las alcaldías y por el otro, destacaron que garantiza el ejercicio pleno de los derechos sociales.  

Con 34 votos a favor, cero en contra y una abstención, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley de Igualdad, Bienestar y Exigibilidad de Derechos Sociales, la cual asegura el acceso a programas y apoyos, así como la participación de las alcaldías en coordinación con el gobierno central.

La ley señala que al inicio de cada administración se debe formular un Programa Especial de Derecho al Bienestar e Igualdad Social en la capital, el cual guiará a las políticas y programas desde una lógica integral y multisectorial que contemple alimentación, salud, educación, vivienda, agua y saneamiento, cuidados, cultura, deporte, trabajo, movilidad, superación de la pobreza, disminución de las desigualdades, atención e igualación social.

Durante la sesión se presentó una reserva al artículo 4, el cual establece que las políticas de bienestar e igualdad social deberán reconocer que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales sean progresivamente exigibles mediante un conjunto de normas y procedimientos en el marco de las diferentes políticas y programas con que se cuente.

Al respecto, el legislador del PAN, Federico Döring, refirió que la exigibilidad permite que los derechos de la ciudadanía no estén supeditados a la suficiencia presupuestal, pues “lo que puede estar determinado en su alcance por suficiencia presupuestal es la dimensión de un programa o el tamaño de cobertura de un programa”.

El artículo 58 contempla que los programas sociales que implementen las alcaldías deberán coordinarse con las áreas correspondientes del gobierno local con el fin de unificar padrones de beneficiarios para evitar su duplicidad y así maximizar el impacto económico y social de los mismos.

Sobre este artículo, la priista Tania Larios expuso que la modificación garantiza que los programas sociales sean otorgados a las personas que lo requieran y garantiza la participación de las alcaldías en el diseño e implementación de políticas públicas.
“Se garantiza y se deja claro el derecho de las personas que son beneficiarios de estos programas sociales, los cuales se acercan más a tener la justicia social que todos aspiramos”, subrayó Larios.