De aprobarse la iniciativa de reforma a la Constitución propuesta por el presidente López Obrador para la elección de jueces, magistrados y ministros, implicará el cese inmediato de mil 665 funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF), por lo que el daño a este poder será mayúsculo, advierte César Astudillo, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
En un texto que forma parte de un análisis técnico a todas las 20 iniciativas presentadas por el mandatario el pasado 5 de febrero, el investigado también señala que con este despido masivo “se generará un movimiento pendular del PJF para que sus integrantes dejen la posición de independencia e imparcialidad que actualmente tienen garantizada, y se adentren en el campo de la política”.
“En ese devenir, los cambios al estatuto jurídico y a la mecánica de selección de sus integrantes buscan dejar a las personas juzgadoras a expensas del poder avasallante de la política, obligándolos a incursionar en el terreno electoral, lo que paulatinamente los irá deslizando a que se conduzcan políticamente, y a que valoren y resuelvan las controversias constitucionales, de por sí aderezadas de un gran contenido político, mediante criterios de interés político, en un contexto en el que la expectativa de reelección que se ha dispuesto para las magistraturas de circuito y las judicaturas de distrito incorporarán un aliciente adicional para que su razonamiento se deje llevar por lo que en cada momento reclame el electorado”, indica Astudillo en su análisis.
Con ello, enfatiza que al dejar de ser independiente el Poder Judicial de la Federación, la ciudadanía quedará desprotegida, porque la independencia judicial, más allá de concebirse como una garantía institucional o una prerrogativa personal de sus integrantes, constituye un derecho esencial de las personas a contar con jueces sin injerencias ni condicionamientos externos o internos, y siempre, bajo una posición de estricta neutralidad, impartan justicia.
“Para no ir más lejos, sin independencia judicial, el núcleo genético de nuestro Estado constitucional se verá seriamente fracturado, al renunciar a su obligación esencial de controlar la razonabilidad del poder, y la propia salud de nuestro sistema democrático se encontrará en un riesgo inminente al verse debilitados los mecanismos que permiten la efectividad de los derechos y libertades de las y los mexicanos”, sentencia el investigador de la UNAM.
Comenta también que reducir el número de ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) implicará afectar el funcionamiento interno de la Corte y los principios de colegialidad y división del trabajo jurisdiccional.
La iniciativa no sólo reduce a los integrantes del máximo tribunal, sino que exige que la SCJN delibere y resuelva todos los asuntos que lleguen a su conocimiento exclusivamente en pleno, sin sopesar que la competencia actual, dado el volumen de expedientes que ingresan año con año, toma como criterio la naturaleza de los contenciosos constitucionales, ya que si son controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad se mantiene su resolución en el pleno, mientras que si son amparos directos o indirectos en revisión van a las dos salas según su materia.
“Tener a menos ministros atendiendo una carga extenuante y ascendente de asuntos, y que todos se involucren en la deliberación de todos los asuntos, podría desembocar en una “imposible tarea”, como en su momento subrayó Emilio Rabasa, y en una carga extenuante, que en el corto plazo daría lugar a un rezago, que hoy en día no existe, porque según el Informe 2023 de la SCJN, en este año nuestro máximo tribunal tuvo 16,405 asuntos ingresados”, detalla.
El análisis técnico hecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM aborda todos los aspectos que se pretende reformar con las iniciativas enviadas por el Ejecutivo a San Lázaro en febrero.
Establece que en conjunto pretende la modificación de 53 artículos constitucionales, en muchos casos un artículo se reforma más de una vez, y que si fueran aprobadas implicaría, por su número y calado, el mayor movimiento de reformas constitucionales simultáneas en la historia de México.
LDAV
