Tremendo enredo tienen los legisladores de la denominada Cuarta Transformación para aterrizar el capricho del presidente Andrés Manuel López Obrador y que los más de mil 633 jueces y magistrados y nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sean electos por el voto popular.

De mantenerse como está la propuesta del primer mandatario, los mexicanos tendríamos que elegir entre poco más de 10 mil candidatos. Tan sólo para la Suprema Corte habría 270 aspirantes, porque la iniciativa señala que serán nueve los ministros y por cada uno habrá 30 propuestas.

Todos estos candidatos tendrán 60 días para hacer campaña y tendrán acceso a tiempos de radio y televisión para difundir sus propuestas, además podrán participar en foros de debate.

Es decir, si usted pensó que los promocionales de los candidatos a la presidencia, al Congreso y a los Ayuntamientos eran un exceso, imagínese cómo será para la elección de los integrantes del Poder Judicial.

Ahora vayamos con la independencia de las candidaturas.

El Presidente ha dicho una y otra vez que los ministros obedecen a poderes externos, incluido el Ejecutivo aunque no lo reconozca y, por lo tanto, será el voto de los ciudadanos el que deba elegirlos.

Lo que no ha difundido con la misma vehemencia López Obrador es que, los candidatos serán propuestos por el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, es decir seguirán subordinados a las mayorías políticas.

Para elegir a los Ministros de la Corte, los Magistrados del Tribunal Electoral y Magistrados del Tribunal de Disciplina, el Poder Ejecutivo propondrá hasta 10 candidaturas; el Poder Legislativo propondrá hasta 5 candidaturas por cada Cámara, la de Diputados y la de Senadores; y el Poder Judicial propondrá hasta 10 candidaturas a través del Pleno de la Suprema Corte.

En el caso de los mil 633 Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito para los 32 circuitos judiciales habrá seis candidaturas por cargo, es decir 9 mil 798 candidatos, dos por cada Poder de la Unión.

Este método de elección de los integrantes del Poder Judicial sólo se tiene en países como Bolivia, donde Evo Morales, el dictador amigo del presidente López Obrador, también argumentó corrupción de los jueces y ministros para impulsar la elección. Además de Turquía e Israel.

Sin embargo, organismos internacionales como Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han informado que las destituciones y la nueva elección no ha disminuido la falta de independencia en el Poder Judicial.

Incluso han documentado cómo los jueces y fiscales en Bolivia enfrentan presiones políticas y amenazas de destitución si sus decisiones no alinean con los intereses del gobierno.

Cuál es la garantía de que en México la elección de ministros, jueces y magistrados evite la intervención del Ejecutivo Federal y del partido en el poder en las decisiones judiciales.

 

Y en Pregunta Sin Ofensa:

¿Habrá sorpresas en el Gabinete de Claudia Sheinbaum, o será una extensión del actual gobierno?

 

      @aguilarkarina