En política existe un principio que señala que “hay que tener cuidado con lo que se desea”. El clamor popular, sin contenido electoral, contra la estrategia gubernamental de seguridad resumida de manera simbólica en el principio de “abrazos, no balazos” se agota sólo en la crítica a la inmovilidad operativa de las fuerzas de seguridad, pero su desaparición podría abrir la fase de una nueva guerra mucho más sangrienta del Estado contra el crimen organizado y ya en el territorio de la sociedad.
Lo que se prevé de manera operativa de las propuestas de campaña de la candidata Sheinbaum podría no ser funcional ya en la operción real del próximo Gobierno. Además, tampoco se puede trasladar mecánicamente la eficaz estrategia del secretario capitalino de Seguridad, Omar García Harfuch, a un escenario nacional percibido como un archipiélago de focos de violencia y una República balcanizada.
Además, la capacidad bélica y de organización de los grupos delictivos es hoy mayor a la que existía en 2018, y hasta ahora sólo la Guardia Nacional apoyada por las Fuerzas Armadas regulares tienen la capacidad superior para combatir las acciones de control regional-territorial y la captura de instituciones locales que ha expandido crimen organizado con el poder de la fuerza y el dinero.
Como grupo policiaco, la Guardia Nacional no tendría la fuerza suficiente para combatir las estructuras criminales multimillonarias y con armamento permitido por el contrabando de Estados Unidos a México, además de que la reacción violenta delictiva llevaría a batallas sangrientas con las autoridades que sin duda espantarían a la sociedad y tendrían que disminuir la regulación vía derechos humanos.
De ahí que los ciudadanos deben tener cuidado con lo que desean: priorizar el fin de “abrazos, no balazos” sin una estrategia integral, sin duda que fortalecería al crimen organizado.
Zona Zero
- Dos entidades están a punto de cambiar marcos referenciales de seguridad: en Guanajuato termina el ciclo del polémico fiscal Carlos Zamarripa Aguirre y en Yucatán arriba un Gobierno morenista y termina el ciclo del discutible y represor secretario de Seguridad, Luis Saidén Ojeda, que manejó sus oficinas sin responder a ninguna autoridad social, política o de Gobierno, que atropelló derechos humanos y que pactó el equilibrio delictivo. Como siempre ocurre, los tiempos de reacomodos benefician a los delincuentes.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
@carlosramirezh