La propuesta de reforma al Poder Judicial amerita una discusión a fondo pues como está planteada abre la posibilidad de que lleguen jueces, magistrados y ministros sin la capacidad técnica para el cargo, aseveró el director del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Marcos del Rosario.
Aseguró que, en un sistema judicial como el mexicano, si no se garantiza la idoneidad de los perfiles de quienes ocuparán esos cargos se corre el riesgo de que lleguen personas que no podrán enfrentar y resolver controversias o conflictos jurídicos, además de que los partidos políticos podrían secuestrar la justicia.
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Para el académico, la parte más polémica de esta propuesta, que es la elección de los puestos del Poder Judicial vía voto popular, sigue sin asegurar que los mejores postulantes lleguen a las salas y los tribunales.
“Este debate es muy antiguo, tiene 200 años: que los jueces, como no tienen legitimación democrática, no pueden interpretar, no pueden aplicar normas, y solamente el legislador tiene la potestad para hacerlo”.
“Pero no, los jueces y las juezas tienen legitimidad en la medida en que sus sentencias se apegan al orden constitucional y respetan y garantizan derechos humanos, no por la forma en que son electos”, señaló en un comunicado de la Universidad.
Del Rosario consideró que una elección por la vía democrática, como ocurre por ejemplo en el caso de Bolivia o con algunos jueces en Estados Unidos a escala local, no garantiza que no se repartan cuotas, como ya sucede.
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Pero lo más peligroso, advirtió, es que grupos de interés, desde grupos fácticos, empresariales, sindicatos y hasta del crimen organizado, aporten a las campañas o impongan a sus candidatos como jueces.
“Con esta reforma, lo que está en riesgo es la independencia judicial, porque si yo me lanzo para ser juez, magistrado, ministro, y me apoya o me financia un grupo determinado, mis decisiones y mis criterios pueden estar comprometidos a favor o en contra de esos grupos”, explicó.
Recordó que en el modelo vigente para el nombramiento de los ministros de la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN) participan dos órganos legitimados democráticamente, el Poder Ejecutivo y el Senado, y si después de la presentación de dos ternas no hay consenso en la Cámara Alta, entonces el presidente de la República tiene la facultad de designar directamente a los ministros, lo que continúa siendo un modelo imperfecto, porque a fin de cuentas el Ejecutivo tiene el control.
“Habría que pensar si no sería bueno recurrir a una terna hasta que haya consenso. Tenemos que pensar temas de consenso, pero más allá de esta fórmula en concreto, pensar en modelos como el brasileño, donde participan, sobre todo a nivel local, barras de abogados y universidades que nutren el grupo de posibles aspirantes”.
“Por ejemplo, en lugar de que el presidente proponga a quien va a ser designado, que quienes propongan sean las universidades, la iniciativa privada o las barras y colegios: que haya ahí una selección de aspirantes, y escoger con ciertos estándares de eticidad, preparación y experiencia”, comentó.
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Sobre los foros que se llevarán a cabo sobre esta reforma, dijo que se hay que tener la esperanza de que este parlamento abierto no sea sólo para legitimar la reforma, sino que permita discutirla o modificar algunos de sus aspectos.
“[Lo tocante a la elección popular], creo, no va a cambiar. En lo que tenemos que trabajar es en quiénes van a ser electos, y ese es el gran problema, que pasa por el sistema que tenemos actualmente”, expuso Del Rosario.
MSA