Puebla. Las papeletas llegaron a principios de mayo al estado.
Foto: Cuartoscuro | El Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal señaló que la reforma judicial, conocida como Plan C, significa un retroceso para el país  

El Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal señaló que la reforma judicial, conocida como Plan C, significa un retroceso para el país. 

En un comunicado, dijo que las “diversas iniciativas de reforma a la Constitución, representan un retroceso para las instituciones que tanto esfuerzo y sangre han costado construir a lo largo de nuestra historia, una de las más importantes, la que busca la elección de los juzgadoras por voto popular“. 

Indicaron que “esta situación preocupa a todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación, en todos sus sectores, desde los propios juzgadores, al personal de carrera judicial y al de servicios”. 

El Colegio indicó que está “consciente de que una reforma de esa naturaleza acabaría debilitando la herramienta que cualquier mexicano tiene para enfrentar las arbitrariedades del poder“.

La iniciativa presidencial afecta la autonomía e independencia judicial, que es un derecho de todos los habitantes del país. 

Señaló que los trabajadores del Poder Judicial “mantiene vigente el orden judicial y los derechos humanos, y dispuestos a defender sus postulados, hemos decidido conformar un frente común que conglomere a todos los sectores de este poder, tanto a los juzgadoras como personal de carrera judicial”.

La propuesta de reforma al Poder Judicial amerita una discusión a fondo pues como está planteada abre la posibilidad de que lleguen jueces, magistrados y ministros sin la capacidad técnica para el cargo, aseveró el director del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso), Marcos del Rosario.

Aseguró que en un sistema judicial como el mexicano, si no se garantiza la idoneidad de los perfiles de quienes ocupan esos cargos se corre el riesgo de que lleguen personas que no podrán enfrentar y resolver controversias o conflictos jurídicos, además de que los partidos políticos podrían secuestrar la justicia.

Para el académico, la parte más polémica de esta propuesta, que es la elección de los puestos del Poder Judicial vía voto popular, sigue sin asegurar que los mejores postulantes lleguen a las salas y los tribunales. 

“Este debate es muy antiguo, tiene 200 años: que los jueces, como no tienen legitimación democrática, no pueden interpretar, no pueden aplicar normas, y solamente el legislador tiene la potestad para hacerlo. 

Pero lo más peligroso, advirtió, es que grupos de interés, desde grupos fácticos, empresariales, sindicatos y hasta del crimen organizado, aporten a las campañas o impongan a sus candidatos como jueces.  

Descarta Mier que crimen pueda poner a jueces

Cuestionado por las críticas que han surgido desde Estados Unidos de que con la reforma judicial se puede allanar el camino para que grupos criminales impongan a jueces a su servicio, el líder líder de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, respondió que eso mismo podría considerarse del país vecino. Esto porque en 42 estados de la Unión Americana se elige “democráticamente y de manera directa a los integrantes de la administración de justicia, allá. Y lo mismo sucede en Japón o en Suiza”.

Agregó que en el transcurso de los foros se ira conociendo el detalle sobre el proceso de elección, que es la parte central de la reforma propuesta, así como los métodos, los criterios de idoneidad y elegibilidad que se deberán observar, tanto por la Cámara de Senadores como por la de Diputados, por lo que hace la propuesta de que propongan entre los dos órganos legislativos se presenten diez propuestas.

Lo mismo para el titular del Ejecutivo y para la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde los actuales jueces, magistrados y ministros pueden postularse, pero eso va a llevar tiempo todavía.

Sobre el tema, el coordinador de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira, señaló que existe mucho riesgo de que el narcotráfico pueda controlar el Poder Judicial a través de la elección de funcionarios judiciales como propone la iniciativa de reforma.

“¿En Sinaloa quién va a seleccionar a los jueces? ¿En Badiraguato, quién los va a seleccionar? Entonces estamos en una construcción de narrativas que son falsas”, dijo. /JORGE X. LÓPEZ