América Latina y el Caribe se centran en combatir la trata sexual en detrimento del trabajo forzoso, aseguró Estados Unidos en su informe anual sobre tráfico de personas presentado ayer, en el que Cuba, Venezuela y Nicaragua siguen en la lista negra.
Los migrantes y solicitantes de asilo “son especialmente vulnerables a la trata con fines sexuales y al trabajo forzoso” cuando no pueden pagar a los traficantes las deudas contraídas, alerta.
En general, los países de las Américas “tienen un buen conocimiento de la trata con fines sexuales y responden a ella”, sobre todo la que afecta a las mujeres, pero preocupa “los débiles esfuerzos dirigidos a combatir el trabajo forzoso”, afirma.
Las revisiones laborales “tienen autoridad limitada o nula para inspeccionar los lugares de trabajo del sector informal”, especialmente a lo largo de rutas migratorias, señala.
Esto deja a las víctimas desprotegidas en sectores como la agricultura, la minería, la explotación maderera, el transporte marítimo y los servicios, detalla.
El informe abarca 188 países y los divide en tres niveles en función del grado de cumplimiento de los estándares mínimos.
Los Estados que integran la lista negra -nivel 3- pueden estar sujetos a restricciones en el acceso a programas de ayuda extranjera de EU. Washington sigue incluyendo en ella a Venezuela, Nicaragua y Cuba, con cuyos gobiernos mantiene una relación muy tensa.
El informe dedica un apartado al “trabajo forzoso” en el programa de exportación de mano de obra de Cuba.
Cada año el gobierno cubano envía decenas de miles de trabajadores, sobre todo personal médico, pero también profesores, artistas, atletas, entrenadores, ingenieros, técnicos forestales y casi 7 mil marinos mercantes a todo el mundo, recuerda el informe.
El gobierno del presidente Joe Biden condenó las prácticas de reclutamiento y afirma que Cuba somete a todos estos trabajadores “a las mismas leyes coercitivas”.
La Habana etiqueta a los trabajadores que abandonan el programa sin completarlo como “desertores” e indeseables -lo que les impide regresar a Cuba durante ocho años- con lo que pierden sus derechos.