El Instituto Nacional de Migración (INM) erogó este año, en un periodo de cuatro meses, hasta 5.6 millones de pesos para brindar hospedaje y alimentos a migrantes en la frontera con Estados Unidos.
La dependencia firmó un contrato con una particular para la intermediación de reservas de habitaciones en tres hoteles de Baja California, para la estancia de migrantes en situación de riesgo.
La adjudicación directa, es decir, sin licitación fue por un monto máximo de 5.6 millones de pesos con la particular Virginia M., con una vigencia del 9 de enero al 15 de abril pasados.
Se trata de otorgar el “Servicio de intermediación de alojamiento para protección a personas migrantes en situación extraordinaria en Baja California”.
La dirección del proveedor establecida en el contrato, del cual 24 HORAS tiene copia, es en Xotepingo, Coyoacán, en una zona de departamentos.
De acuerdo con el contrato CS/INM/009/2024, Abraham Ezequiel Zurita, director general de Administración, fue el representante de Migración, así como David Pérez Tejada, delegado de esa dependencia en Baja California.
Respecto a la proveedora, Virginia M., el contrato señala que reúne “las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, así como la organización y elementos para su cumplimiento”.
La proveedora estableció su domicilio legal en esa zona de departamentos de la Ciudad de México y señaló, bajó protesta de decir verdad, que estaba al corriente en sus pagos fiscales, de IMSS e Infonavit.
La reservación de las habitaciones, señala el contrato, “deberá realizarse de acuerdo con las necesidades del servicio y a la cercanía más conveniente para el Instituto Nacional de Migración”.
El INM pagó para que la proveedora reserve habitaciones y entregue las facturas a nombre del INM en los hoteles Colonial, Fiesta Inn, Azteca de Oro y Real Inn, todos en Mexicali. Dichos hoteles son de cuatro estrellas y se encuentran a solo unos minutos de la frontera con Estados Unidos.
Los detalles indican que “las habitaciones serán en ocupación doble, equipadas con servicios básicos: dos camas individuales o dos matrimoniales, pantalla, lavandería, con alimentos dentro del mismo recinto: desayuno, comida y cena, sin incluir bebidas alcohólicas”.
Migración indica que esos hoteles fueron sugeridos por su ubicación en Mexicali, pero la proveedora podría elegir otros, según las condiciones del mercado.
Uno de los objetivos de la contratación es obtener beneficios para Migración, como descuentos en tarifas y en caso de que alguno de los migrantes abandone el hotel “el enlace informará de manera inmediata de dicha situación al supervisor del servicio”.
Otra de las cláusulas es que la proveedora será “la única responsable de la ejecución de sus actividades, de los daños a terceros, a bienes muebles e inmuebles por negligencia, dolo o mala fe, responsabilizándose por cualquier reclamación por tales conceptos, así como el pago de los daños y perjuicios”.
Virginia M., según sus perfiles públicos ofrece servicios de diseños de sonido, floral, eventos corporativos, planificación de eventos y DJ.
En 2023, la misma proveedora recibió otro contrato con el INM para ser intermediaria en el servicio de reserva de habitaciones de hotel para migrantes en riesgo en Mexicali, por más de un millón de pesos.
De acuerdo con su página web, Virginia M. opera la empresa Ve + Soluciones, que se dedica a la planeación de eventos virtuales y presenciales.
El pasado martes, 24 HORAS publicó que El Instituto Nacional de Migración también ignoró las alertas de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y otorgó más de mil 800 millones de pesos a Grupo Caufi -una empresa cuyo giro es organizar fiestas temáticas y banquetes- para la instalación de albergues y puntos de revisión a migrantes.
Gracias a varias adjudicaciones directas con la dependencia, dirigida por Francisco Garduño, ese corporativo pasó de ser un minicontratista para servicio de cafetería y organización de eventos a ganar cifras multimillonarias.
De acuerdo con una investigación de 24 HORAS, entre 2018 y 2021, Grupo Caufi solo tenía contrataciones con el sector público por 2.2 millones de pesos, siendo el mayor una licitación que ganó con el ConsejoMexiquense de Ciencia y Tecnología por un monto de 1.8 millones de pesos para el Servicio Integral de Instalación y Sostenimiento de la XXV Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.
Sin embargo, en el contexto de la crisis migrante, con miles de personas extranjeras que cruzan por el país para intentar llegar a Estados Unidos, la suerte cambió para Grupo Caufi y pasó a ser la mayor contratista del Instituto Nacional de Migración para la instalación de albergues y puntos de revisión, con un monto de al menos mil 829 millones de pesos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la revisión de la Cuenta Pública 2022, fiscalizó las adjudicaciones directas otorgadas a Grupo Caufi por el INM y descubrió sendas irregularidades, como que pagó ese año a la empresa un total de 545.5 millones de pesos por cuatro contratos abiertos y dos convenios modificatorios, de los cuales algunos databan de 2021.
Pese a que en la auditoría forense 2116 se establecieron irregularidades en los contratos con Grupo Caufi, que originaron un presunto daño al erario por 42.5 millones de pesos, Migración volvió a adjudicarle, en 2023 y 2024, el servicio de instalación de albergues y le dio otros mil 284 millones de pesos.
En su revisión de la Cuenta Pública de 2022, presentado en febrero pasado, la ASF concluyó que en ese año Grupo Caufi solo contaba con un máximo de 11 trabajadores registrados ante el IMSS para brindar un servicio nacional de instalación de albergues, por lo que no cumplía con los controles de calidad.
“Se constató que Grupo Caufi SA de CV no contó con empleados registrados ante el IMSS que garantizaran la capacidad operativa con la que prestaría el servicio a las Oficinas de Representación del INM en las 32 entidades federativas, y que previo a la celebración de los contratos, no acreditó la experiencia en la prestación de servicios similares”, indica una de las conclusiones de la Auditoría.