Conferencia. Familiares de los jóvenes normalistas y el abogado Vidulfo Rosales, presentaron 3 puntos claves en vísperas del nuevo informe que se emitirá el próximo 3 de julio.
Foto: Cuartoscuro | Conferencia. Familiares de los jóvenes normalistas y el abogado Vidulfo Rosales, presentaron 3 puntos claves en vísperas del nuevo informe que se emitirá el próximo 3 de julio.  

El Gobierno y la Fiscalía General de la República (FGR) están incumpliendo el acuerdo sobre la identificación de restos presuntamente relacionados con los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace casi una década, así lo denunciaron los padres de los jóvenes y el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) este jueves. 

A través de un comunicado “las familias externaron que han sido informadas de que la FGR a través de su área de servicios periciales y por solicitud de los funcionarios que han quedado a cargo de la investigación, está intentando aplicar un método experimental de identificación genética (…) incumpliendo el acuerdo con los padres y madres sobre la presencia de equipos que cuentan con su confianza”. 

Lo anterior, continúa el documento, porque dicha prueba en el pasado ya dio resultados equívocos, además de que los funcionarios que se acercaron con las víctimas no han hecho de conocimiento del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) ni del Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Medicina de Innsbruck, Austria, la propuesta. 

Por ello, y ante el cierre del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, consideran que se podrían presentar resultados precipitados y no verificados, por lo que: 

“Desde ahora se señala que resultados de presuntas identificaciones que no sean validados por el EAAF e Innsbruck sólo dañarán más el proceso y contribuirán a la confusión, siendo indispensable abrir este proceso a la asistencia internacional, como se solicitará en la próxima reunión”.

Mientras que, ante la insistencia del mandatario mexicano de que no se le han presentado pruebas de la implicación del Ejército en la desaparición de los jóvenes, las familias y los colectivos refirieron que las acusaciones en contra de la Institución surgen de la propia investigación oficial y no de sus señalamientos.