Un video que circuló en redes hace unas semanas, elaborado por un prestigiado abogado, explicaba con certeza que al menos el 95% de las disputas penales, comerciales, administrativas, son resueltas por tribunales locales y solo el resto correspondía resolver a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

Si en las estadísticas oficiales el porcentaje mayoritario de denuncias se refieren a delitos del fuero común (robo a casa habitación, robo a transporte, robo a transeúnte, extorsión, secuestro, asalto a mano armada, fraude, etcétera), ¿por qué la sevicia con la que se ha volcado el Ejecutivo en contra de la Corte?

 

Precisamente porque la Corte es la responsable de resolver conflictos entre poderes, de acotar la actuación de alguno de los tres poderes, como ha ocurrido cuando la oposición ha interpuesto recursos que han interferido en los planes del ejecutivo.

 

La Corte ha frenado modificaciones a la Constitución y leyes secundarias en este sexenio, ya sea por la vía del amparo o por controversias constitucionales promovidas por los partidos de oposición.

 

Eso ha generado que el discurso oficial se dirija a cuestionar no la legalidad del fallo, sino la supuesta “inmoralidad’’ en la que caen los ministros al aplicar la Constitución en sus revisiones.

 

“Es que la Corte no puede invalidar una ley aprobada por un Congreso que fue electo por el pueblo’’, fue el argumento que presentó Ricardo Monreal en el Senado, el semestre pasado, y desde ese momento cobró fuerza la petición de López Obrador de que los jueces fueran electos por la vía del voto directo.

 

El discurso entonces ya no fue que la Corte servía a “los poderes fácticos’’, sino que sus fallos carecían de legitimidad porque fueron resultado de un grupo de togados que “no fueron elegidos por el pueblo’’.

 

Ya se habló de los riesgos que implica llevar a las urnas los nombres de los posibles jueces y magistrados, sin que haya filtros que garanticen su capacidad y conocimientos de las leyes.

 

Incluso, parece que López Obrador cobró conciencia (un poco) de tales riesgos al aceptar, de palabra, que la sustitución de jueces y magistrados se realice de manera gradual “pero sin hacer tiempo’’.

 

¿Qué tan gradual? ¿Cuánto tiempo se necesita para sustituir a los 1,647 jueces en el país por gente que, en teoría, deberá ser más preparada que los actuales juzgadores? ¿Un año, dos, tres?

 

Morena tiene los votos suficientes en San Lázaro y está a dos votos de tenerlos en el Senado, para que incluso la próxima Presidenta desaparezca la Corte como la conocemos y nombre ministros a modo.

 

Pero eso quizá envié señales equivocadas al delicado entorno económico internacional y por ello se decidió realizar los famosos foros.

 

Como sea, una vez que se apruebe la reforma, los cambios no serán inmediatos; México perderá valiosos meses en un proceso desgastante que, por lo demás, no garantizará que la justicia sea expedita, pronta y, aunque suene a broma, justa.

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Esta semana se dará a conocer el gabinete de Seguridad que acompañará a Claudia Sheinbaum los próximos seis años.

 

El anuncio será muy importante porque se sabrá si la futura Presidenta decidirá mantener la política de “abrazos, no balazos’’, o si cambiará para eficientar los resultados de la lucha contra la delincuencia organizada.

 

La virtual presidenta electa tuvo tiempo suficiente para definir, con la asesoría de su equipo, los perfiles que se encargarán de las Secretarías de Seguridad, Defensa, Marina y Gobernación.

 

A ver.

 

         @adriantrejo