CRUCIAL. La reacción polarizada ante el fallo evidencia divisiones profundas en la sociedad respecto a la legalidad y moralidad de las acciones de Trump.
Foto: AFP | CRUCIAL. La reacción polarizada ante el fallo evidencia divisiones profundas en la sociedad respecto a la legalidad y moralidad de las acciones de Trump.  

La Corte Suprema de Estados Unidos, liderada por una mayoría conservadora, extendió el plazo antes de que Donald Trump enfrente un juicio federal, al sentenciar sobre los límites de la inmunidad penal presidencial. Esta decisión prácticamente asegura que el proceso no se llevará a cabo antes de las elecciones presidenciales de noviembre.

Con un voto de seis magistrados conservadores contra tres progresistas, el tribunal determinó que un presidente posee una cierta inmunidad procesal. El presidente de la Corte, John Roberts, afirmó que si bien un presidente “no está por encima de la ley”, goza de “inmunidad absoluta” frente a procesos penales por actos oficiales durante su mandato.

Este fallo tiene profundas implicaciones legales y políticas, afectando directamente la carrera por la Casa Blanca. Roberts especificó que los actos no oficiales no están protegidos por esta inmunidad, delegando al tribunal inferior la tarea de determinar qué cargos enfrentados por el expresidente implican conductas oficiales.

El retraso del juicio, inicialmente programado para marzo, se prolongará aún más, lo que podría influir en las elecciones. El candidato republicano, quien enfrenta múltiples acusaciones, ha visto cómo su estrategia legal retrasa los procedimientos cruciales hasta después de los comicios.

Este veredicto no solo impacta el futuro legal de Trump, sino que también podría afectar su capacidad para postularse nuevamente. La reacción ha sido polarizada: mientras el magnate lo celebra como una “gran victoria para la Constitución y democracia“, críticos como el equipo de campaña de Joe Biden lo ven como un obstáculo que podría darle “las llaves de una dictadura”.

Si gana las elecciones, el republicano podría una vez que preste juramento en enero de 2025― ordenar la paralización de los procesos federales abiertos contra él.

El expresidente es acusado de conspirar para defraudar a Estados Unidos, así como de obstruir un procedimiento oficial, es decir la sesión conjunta del Congreso celebrada el 6 de enero de 2021 para certificar la victoria del candidato demócrata.

El magnate de 78 años también está acusado de conspirar para negar a los estadounidenses el derecho a votar y a que se cuenten sus votos.