El costo de la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial costará entre 3 y 3.5 mil millones de pesos y será financiada con parte de sus propios fideicomisos, aseguró el senador Ricardo Monreal (Morena), recursos con los que en meses pasados busco hacerse, sin éxito, el Gobierno federal.
En su intervención en el tercer foro de diálogos nacionales por la reforma judicial que se llevó a cabo en el Congreso del Estado de México, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara alta detalló que este cálculo se hizo con actuarios y personal del Instituto Nacional Electoral (INE).
“Mucha gente se pregunta cuánto costará organizar la elección de los mil 600 ministros, jueces y magistrados. En un cálculo aproximado que hemos hecho con actuarios y con personal del INE, a quien se le faculta esta responsabilidad, pudieran erogarse entre 3 mil y 3 mil 500 millones de pesos la elección, por única ocasión.
“Se podría destinar incluso, por excepción a este propósito, parte de los 23 mil millones de pesos que tienen los fideicomisos y que van a ser entregados a la Tesorería”, expresó Monreal.
En octubre de 2023, el Congreso aprobó la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial, que en ese entonces se calculaban en 15 mil millones de pesos que debieron de integrarse a las áreas públicas
Sin embargo, el presidente López Obrador propuso que esos recursos mejor se destinarán para la reconstrucción de los municipios de Guerrero afectados por el huracán Otis, lo que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña y la oposición en el Congreso de la Unión vieron con beneplácito, pero nunca prosperó.
Poco antes, también postuló que se utilizaran para programas sociales y las pensiones universales para adultos mayores; sin embargo, la llegada del huracán Otis días después hizo cambiar el rumbo de la propuesta.
La decisión del Legislativo de desaparecer los fideicomisos fue combatida con la presentación de amparos y acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte que frenaron su extinción por el momento, por lo que actualmente no pueden ser tocados por el Gobierno federal, pero tampoco se avanzó para destinarlos a ayuda para los damnificados por Otis.
En noviembre, la diputada Selene Ávila (Morena) cuestionó, en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, que se pretendiera destinar los recursos de esos fideicomisos para atender los daños que dejó el huracán, pues era previsible que la reforma entrara en un proceso judicial, lo cual dificultará su disposición y la resolución podría tardar hasta cinco años, pues algunos de los fondos contienen recursos de trabajadores.
Y ayer, en Toluca, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, aseguró que la reforma cuidará en todo momento que no se violen los derechos de los trabajadores del Poder Judicial.
“Para nosotros no está a discusión la garantía del respeto a los derechos adquiridos de todos los trabajadores al servicio del Poder Judicial”, sostuvo.
Mier mencionó que hay dos fideicomisos que están alojados fuera de ley, pero que tienen aportaciones de los trabajadores en el Consejo de la Judicatura Federal, y aseguró que en un artículo transitorio de la iniciativa se considera su respeto a las aportaciones y a los derechos adquiridos por estos.
El senador Monreal puntualizó que la propuesta de reforma establece que una vez aprobada se llevarán a cabo los actos y procesos necesarios para extinguir los fondos, fideicomisos, mandatos, contratos y análogos que no se encuentren previstos en una ley secundaria.
Señaló además que se establece un plazo de 90 días para entregar la totalidad de los recursos remanentes en dichos instrumentos y estos serán concentrados en la Tesorería de la Federación.
Reclamó también que la política de austeridad del Gobierno no haya sido asumida por el Poder Judicial y algunos órganos autónomos, con lo cual violan el artículo 127 de la Constitución respecto a las remuneraciones de las personas servidoras públicas.
En el tercer foro de diálogos para la reforma del Poder Judicial, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi Cuéllar, aseveró que una buena administración de la justicia es costosa, pero lo es más una mala.
“Frente a tantas carencias en personal, instalaciones y equipo de los tribunales de justicia locales no es posible hablar de austeridad. El debate debe ser en favor de la suficiencia presupuestal y la racionalidad del gasto, además de su aplicación oportuna, transparente y eficiente.
“Eso permitirá acercarnos a los estándares internacionales con un mayor número de personas juzgadores y mejores condiciones para su trabajo, y así alcanzar un efectivo acceso a la justicia”, expuso el magistrado presidente.