La ministra Loretta Ortiz Alf reconoció que existen fallas estructurales en el acceso de la justicia para los ciudadanos y persisten altos índices de impunidad.
Durante el Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, en Xalapa, señaló que “no podemos obviar que detrás de la autocrítica y del reconocimiento expreso de lo apremiante que resulta atender en las fallas estructurales, en el acceso a la justicia”.
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Abundó que “existen miles y miles de historias personales, en las que las nociones de seguridad y justicia no son más que conceptos wacos (vagos) y promesas incumplidas. Es importante reiterar la discordante asimetría que persiste entre el corpus iuris, nacional e internacional, en materia de derechos humanos y la realidad que vivimos”.
Para la ministra, “es inadmisible que a los 13 años de haber iniciado esta era constitucional, garantista, sigamos con altos índices de impunidad e inseguridad, que ponen en entredicho el pleno goce de los derechos humanos, especialmente para los grupos históricamente discriminados y que se encuentran en situación de vulnerabilidad”.
Los tribunales constitucionales son instituciones decisivas en nuestro país, por lo que debemos contar con una judicatura cuya labor se enmarque en una visión amplia, global y progresista de los derechos humanos, aseguró la ministra de la Suprema Corte.
“A lo largo de mi actuar como juzgadora constitucional, he corroborado directamente que toda labor jurídica y de protección a los derechos humanos debe tomar como premisa básica que el acceso al derecho a la justicia es un principio irrenunciable en cualquier sociedad democrática”, aseguró al inaugurar el décimo tercer Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, con sede en Xalapa, Veracruz.
La ministra integrante de la Primera Sala de La Corte reconoció que hoy la coyuntura tiene en el centro de la discusión pública los sistemas de seguridad y justicia, por lo que pidió no desaprovechar la oportunidad y desplegar un ejercicio de autocrítica y reflexión, que derive invariablemente en una mejor administración de justicia y en una mayor legitimidad institucional.
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En esta edición participaron más de 200 personas quienes, organizados en 16 mesas de trabajo, discutieron temas como: la importancia de acceder a los servicios de calidad, los derechos humanos y sus garantías; las problemáticas específicas de seguridad pública de las entidades federativas; los impactos diferenciados en las víctimas del delito; los elementos básicos del sistema nacional, impartición de justicia y estructura institucional, así como al funcionamiento del Poder Judicial Federal.
En este contexto, Namiko Matzumoto Benítez, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Veracruz consideró que sólo, a través de un diálogo abierto, plural y respetuoso, se logrará construir un Poder Judicial que responda a las necesidades de la sociedad y garantice los derechos humanos de todas las personas.
EAM