El presidente Andrés Manuel López Obrador ha exhibido a 105 juzgadores en su conferencia Mañanera por presuntamente favorecer a delincuentes, pero solo a uno se le ha promovido juicio político, mientras que la Judicatura solo registra a un magistrado sancionado durante su sexenio… y no por los dichos del mandatario.
Luego de una revisión de 24 HORAS a los informes de Cero Impunidad de las mañaneras, se da cuenta de que entre el 16 de mayo de 2023 y el 25 de junio de 2024 más de un centenar de jueces de Distrito y magistrados de Circuito fueron evidenciados como corruptos, principalmente por liberar u otorgar beneficios a detenidos.
Luis Eliud Tapia, constitucionalista y consultor de Due Process of Law Foundation, aseveró que esto se trata de un mecanismo de presión, y al no presentarse quejas formales en la mayoría de los casos, la exhibición de jueces se puede configurar como un ataque político “muy peligroso”.
Desde inicios de su sexenio, el mandatario ha criticado el actuar del Poder Judicial, pero desde mayo de 2023, mediante la sección Cero Impunidad, ha proyectado los nombres e incluso fotografías de 105 juzgadores y los ha relacionado con actos de presunta corrupción.
Sin embargo, solo en un caso, el Gobierno de la autoproclamada Cuarta Transformación ha decidido promover un juicio político contra un juez federal, ocurrido hace unos días.
La Secretaría de Gobernación pidió a la Cámara de Diputados procesar a Rodrigo de la Peza, titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, debido a que otorgó una suspensión provisional para ordenar completar la integración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El ordenamiento del juez De la Peza fue considerado por el presidente López Obrador como un acto que buscaba impedir que Morena y sus aliados lograrán la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, debido a que se podrían nombrar a magistrados que votaran en contra de la sobrerrepresentación de esos partidos en el Legislativo.
Actualmente, la Sala Superior del Tribunal Electoral tiene dos vacantes, y se prevé que con esa integración incompleta resuelva las impugnaciones sobre la integración de la próxima Cámara de Diputados.
El juez Rodrigo de la Peza también emitió varias resoluciones que frenaron, en 2021, la instrumentación de las leyes de la Industria Eléctrica y de Hidrocarburos, promovidas por AMLO, pero fue tres años después que desde el Gobierno federal se le promovió un juicio político.
Dicho asunto se frenó el pasado fin de semana, debido a que un Tribunal Colegiado revocó la suspensión provisional, y el propio juzgador decidió ya no otorgar la suspensión definitiva para el nombramiento de los magistrados electorales faltantes, por lo que López Obrador ordenó, desde la Mañanera, no continuar con el juicio político.
Previo a no otorgar la suspensión definitiva, el juez aseguró en una entrevista radiofónica tener miedo, al enfrentar por su labor a las instituciones del Estado mexicano.
A su vez, por la invasión de facultades, la Sala Superior del TEPJF anunció que emitiría una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el juez, de la cual no se ha desistido.
ACUSA SIN PRUEBAS
Desde el 16 de mayo de 2023, en la conferencia Mañanera, la presentación de todos los informes de Cero Impunidad incluye un apartado denominado “Jueces que Favorecen a Presuntos Delincuentes”.
De acuerdo con el recuento de este diario, la exhibición de jueces se estrenó con la proyección de la presidenta de la SupremaCorte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, porque, en su calidad de presidenta del Consejo de la Judicatura, desechó una queja contra una jueza.
Tras más de un año, y al menos 16 informes de Cero Impunidad con 105 juzgadores exhibidos por presuntamente ayudar a delincuentes, el pasado 25 de junio se incluyó a nueve jueces y magistrados que presuntamente han retrasado resoluciones por defraudación fiscal, por un monto equivalente a 3 mil 228 millones de pesos.
A su vez, una revisión al registro de funcionarios sancionados por la Judicatura, indica que en este sexenio tres magistrados o jueces han sido sancionados, pero solo uno de los casos corresponde al periodo en el que ha gobernado López Obrador.
El magistrado de circuito Roberto Rodríguez Maldonado, del Tercer Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa del Primer Circuito, fue inhabilitado en 2022 por tres años para ejercer el cargo porque se le comprobó acoso y hostigamiento laboral.
Por su parte, el magistrado José Nieto González fue inhabilitado por 10 meses y 15 días por “dilación en trámites de expedientes, y aunque la resolución se emitió en marzo de 2023, el caso data de 2018.
En 2019, el juez Carlos Ríos Díaz fue inhabilitado por 10 años por hostigamiento y acoso sexual, pero los hechos denunciados ocurrieron en 2014.
Aunque los reportes de la Judicatura no lo mencionan, en agosto pasado se confirmó la destitución definitiva del exmagistrado Isidro Avelar, quien fue detenido y encarcelado en 2019 por depósitos por 12 millones que presuntamente se hicieron por favorecer al Cártel de Jalisco Nueva Generación que datan de 2011.
Para Luis Eliud Tapia, exacadémico de la Escuela Federal de Formación Judicial, la exhibición de jueces desde la Mañanera “solo por el contenido de su decisión, si lo acusó solo por el contenido, eso es un mecanismo de injerencia indebida”.
En el contexto de la reforma judicial, que incluye la elección por vía de voto popular de los juzgadores, el experto señaló que las acusaciones del mandatario representan un riesgo “porque lo que se busca es que haya jueces que no liberen a personas, incluso si se violan derechos humanos, o que no resuelvan los casos conforme a la ley porque solo estarán pensado que les pueden iniciar un juicio político, lo cual es muy peligroso en una democracia”.