El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el presidente López Obrador sí incurrió en el uso indebido de programas sociales y coaccionó el voto en… el 2023.

Aún así, no puede ser sancionado.

No hay en la ley un castigo para este abuso de poder, aunque los delitos electorales sean tipificados como graves e incluso merecedores de prisión preventiva oficiosa para los mexicanos sin fuero presidencial.

Esta es la segunda ocasión en la que el Tribunal acusa la comisión de un delito (porque así está tipificado) de parte del jefe del Ejecutivo.

El anterior fue la comisión de violencia política en razón de género en contra de Xóchitl Gálvez.

Al igual que ocurrió con el fallo anunciado ayer, no hay acción punitiva en contra del Presidente porque no existe sanción en la legislación electoral o incluso en la Constitución.

El fallo del TEPJF corresponde a una queja que la oposición interpuso en contra de López Obrador por su injerencia en las elecciones para gobernador del estado de México y Coahuila en 2023.

Pero ese comportamiento fue repetitivo durante la precampaña y la campaña presidencial, como lo denunció en su momento el frente opositor.

Esa denuncia, sin embargo, no ha sido dictaminada aún por el Tribunal que se tardó ¡más de un año! en concluir el abuso de poder que cometió el Ejecutivo al utilizar recursos públicos para la promoción de su partido y la suya propia.

Así que, al menos que ocurra un milagro y los magistrados del Tribunal Electoral se pongan a trabajar sobre las denuncias que presentó la oposición en el mismo sentido en este 2024, no será sino hasta el 2025 que conozcamos la docta opinión de las autoridades electorales sobre si hubo o no intervención presidencial a favor de sus candidatos en este año.

Claro, si para entonces sigue existiendo el Tribunal, que, como parte del Poder Judicial de la Federación, también está en riesgo de desaparecer si prospera la iniciativa presidencial de reforma.

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Lázaro Cárdenas Batel resucitó políticamente, gracias a las mágicas palabras de la futura presidenta.

 

Será el encargado, a su vez, de volver al erario la Oficina de la Presidencia, cargo que había desaparecido en la actual administración pero que en los hechos desempeñó, los primeros tres años, el exconsejero jurídico Julio Scherer Ibarra, del cual ahora ni se quieren acordar.

 

Cárdenas Batel sonaba para dirigir Pemex, pero más por la nostalgia que relaciona su apellido con la empresa que por el conocimiento que debería tener sobre el tema.

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Entendemos el protocolo que sigue la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la CDMX, en el caso del policía Jorge Luis López Villegas, quien se alquiló para la filmación de una película pornográfica en las instalaciones del Metro.

 

Lo que seguimos sin comprender es, por ejemplo, cómo se puede tardar tanto la Comisión de Honor y Justicia en dar de baja a este elemento dizque servidor público que utilizó las instalaciones del servicio de transporte público más concurrido del país cuando un simple ciudadano es llevado al juez calificador por grabar con su teléfono móvil.

 

Trate usted de filmar sin permiso en las instalaciones de cualquier transporte a cargo del Gobierno a ver cómo le va.

 

El sujeto en cuestión ya hasta se auto sancionó y dijo que se trata de “una falta administrativa, no de un delito’’ y que estaba en su día franco, es decir, de descanso.

Parece que no hay mucho que discutir sobre el futuro laboral de este “servidor público’’.

 

      @adriantrejo