La justicia de Ecuador condenó a penas de hasta 34 años de cárcel contra cinco implicados en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, incluido quien dio la orden de disparar, informó este viernes el tribunal del caso.
A Carlos Angulo, miembro de una de las principales bandas criminales del país, “se le impone la pena de 34 años 8 meses de privación de libertad”, dijo Milton Maroto, juez ponente del caso.
Angulo, de 31 años y conocido como el “Invisible”, fue quien dio la orden de disparar contra Villavicencio el 9 de agosto de 2023 cuando salía de un mitin en el norte de Quito.
El autor material del magnicidio fue abatido por los guardaespaldas del candidato. La policía detuvo después a seis colombianos presuntamente vinculados al ataque, pero todos fueron asesinados en la cárcel.
Otra acusada, Laura Castillo, recibió la misma pena por proveer armas, dinero, vehículos y motos a los sicarios que participaron en el crimen.
Además, Erick Ramírez, Víctor Flores y Alexandra Chimbo, en calidad de cómplices, recibieron penas de 12 años de cárcel cada uno. Esta es una sentencia en primera instancia que puede ser apelada por los acusados.
De acuerdo con la justicia ecuatoriana, Flores fue el encargado de dar seguridad a la moto en la que se transportaba al sicario que disparó contra Villavicencio, en tanto que Chimbo se ocupó de alertar a los pistoleros sobre la salida del candidato. Ramírez hizo el trabajo de logística en el lugar del crimen.
Otras 13 personas resultaron heridas durante el ataque, incluidos policías, militares y simpatizantes de Villavicencio.
“Necesitamos conocer toda la verdad y que esto no se vuelva a repetir”, escribió en la red social X Amanda Villavicencio, hija del presidenciable asesinado.
“No crean que nos vamos a conformar con estos 5 delincuentes. Narcoasambleístas, por este asesinato, presos deben ir”, agregó.
“Valía 200 mil” dólares
En las afueras del Complejo Judicial Norte, familiares y simpatizantes levantaban carteles con la leyenda “cárcel para cobardes asesinos” y fotos del candidato presidencial, conocido por destapar casos graves casos de corrupción.
Villavicencio fue un periodista cuyas investigaciones salpicaron a altos funcionarios, entre ellos aliados del expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017).
Entre las versiones presentadas a lo largo del juicio que empezó el 25 de junio, un testigo protegido afirmó que la “cabeza” del candidato “valía 200.000” dólares y que en el caso estaban implicados miembros del gobierno de Correa.
El exmandatario, que vive en Bélgica y es prófugo de la justicia ecuatoriana tras ser condenado a ocho años de cárcel por corrupción, niega cualquier vínculo con el magnicidio.
“Queremos que se siga haciendo justicia por la sangre, por la vida que dio Fernando”, dijo al final de la audiencia Alexandra Villavicencio, hermana del candidato.
“Así como están siendo juzgados cada uno de los asesinos materiales de Fernando Villavicencio sean juzgados todos los autores intelectuales”, pidió.
El juicio se extendió por ocho días. Las audiencias se dieron en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. Policías armados, algunos de ellos encapuchados, resguardaron la sala.
Violencia política
Los implicados se declararon inocentes durante el juicio.
Albañil de oficio, Angulo sostuvo a través de una videoconferencia desde una prisión de Guayaquil (oeste) que es un “chivo expiatorio”.
El hombre estaba en la cárcel de Cotopaxi (centro andino) cuando ocurrió el asesinato. Además, las autoridades lo señalan como líder de una facción de la banda criminal Los Lobos.
Según la Fiscalía, la víspera del homicidio Angulo se unió a una videollamada con los sicarios.
Siete personas fueron vinculadas al caso, pero una fue sobreseída y otra falleció, según la Fiscalía, que no dio detalles de la muerte de esta última. El ente investigador abrió de oficio otras dos pesquisas para indagar posibles omisiones en el caso.
Desde 2023 cerca de una docena de políticos han sido asesinados en Ecuador, un país que pasó de ser una isla de paz a un centro de operaciones del crimen organizado.
La pugna por la rutas del narcotráfico y la infiltración de organizaciones ilegales en Estado han teñido de sangre las cárceles y calles de la nación, que el año pasado registró el récord de 47 homicidios por cada 100.000 habitantes, lejos de los 6 por cada 100.000 habitantes de 2018.
Villavicencio, quien además fue asambleísta, había denunciado amenazas de muerte días antes de su asesinato. El entonces presidenciable responsabilizó a “Fito”, jefe de la temida banda Los Choneros, que se escapó de una cárcel en Guayaquil (suroeste) en enero pasado.
Su fuga desató una ola de violencia que dejó una veintena de muertos.
LDAV