La Estrategia Nacional de Seguridad Pública del presidente López Obrador aprobada después de la victoria electoral del 2018 enfrenta hoy circunstancias similares con el desafío de inseguridad en el escenario de la victoria electoral del 2024.
Después de la decisión del mandatario Miguel de la Madrid en 1983 de alejar el control político de los temas de seguridad y pasarlos al área de seguridad nacional a través del Plan Nacional de Desarrollo, la estructura encargada de la estabilidad del régimen ante el avance de la delincuencia encontró maduración en el enfoque de la seguridad pública dentro del contexto de la seguridad interior.
Los primeros pasos públicos del equipo de seguridad del próximo gabinete de la presidenta Sheinbaum Pardo estarían enmarcados en cuatro vértices fundamentales: la Defensa Nacional ante un crimen transnacional, la Seguridad Pública como doctrina de seguridad interior, la Secretaría de Gobernación con funciones políticas involucradas en la seguridad como estabilidad del régimen y la base parlamentaria del partido en el poder con pasos dados para legalizar todo el aparato público de seguridad.
En su estrategia de 2018, el presidente López Obrador asumió compromisos que no se han completado, entre ellos dos: un Programa para la Seguridad Nacional -que tuvieron de manera sexenal Calderón y Peña Nieto- y promover el concepto de “cultura de seguridad nacional”, ambos compromisos como una forma de involucrar a la sociedad en la comprensión de las nuevas expresiones de la delincuencia organizada.
El Gobierno de López Obrador sentó las bases y armó las estructuras de una nueva política operativa de seguridad, pero le tocará a la siguiente administración poner el segundo piso y dar los pasos operativos para ir confrontando y desmantelando el poderío económico criminal de las drogas y la violencia de los cárteles del crimen organizado y de las organizaciones delictivas que pululan alrededor del narcotráfico.
Zona Zero
- Uno de los principales desafíos de la estrategia de seguridad para el sexenio 2024-2030 se localiza en la urgencia de mecanismos de coordinación en los tres niveles de gobierno, sobre todo por la necesaria corresponsabilidad local con los niveles federales. Un poco de manera cómoda, los gobiernos estatales se confiaron en las funciones federales y retrasaron la atención local que corresponde a gobiernos estatales y municipales. Las policías locales deberán ser prioridad en la reorganización y profesionalización de la seguridad.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
@carlosramirezh