Estructura. El jefe de Gobierno destacó que a través de sus 82 artículos, se abordan temas como la pobreza, discriminación, alimentación, educación, salud, vivienda y servicios públicos.
Foto: X/@martibatres | Estructura. El jefe de Gobierno destacó que a través de sus 82 artículos, se abordan temas como la pobreza, discriminación, alimentación, educación, salud, vivienda y servicios públicos.  

Para impulsar políticas públicas y garantizar los derechos universales a la ciudadanía, el jefe de Gobierno, Martí Batres, dio a conocer la Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social, con el objetivo de unificar padrones de beneficiarios y evitar su duplicidad.

El mandatario capitalino celebró su publicación en la Gaceta Oficial y explicó que dicha normativa sustituye a la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, aprobada en el año 2000.

Con su actualización, los programas sociales que implementen las alcaldías deberán coordinarse con las áreas correspondientes del Gobierno local para evitar su duplicidad.
“Esta ley (…) busca el bienestar y la igualdad social… priorizamos y atendemos, yo diría, el objetivo fundamental de la izquierda, que es la igualdad”, dijo.
Indicó que busca garantizar el derecho al bienestar, vivir libres de pobreza y alcanzar el pleno florecimiento del desarrollo y la autonomía.
Así como disminuir factores que fomentan la desigualdad, revertir procesos de segregación socio-territorial, organizar la prestación de servicios públicos universales, gratuitos, accesibles, suficientes y de calidad.

A través de sus 82 artículos, el Sistema General de Bienestar Social establece mecanismos de coordinación, ejecución y planeación para atender a la población, en especial a grupos prioritarios en temas como la pobreza, discriminación, alimentación, educación, salud y vivienda, abundó Batres.

El secretario de Inclusión y Bienestar Social, Juan Gerardo López, destacó que este sistema promoverá la coordinación entre autoridades e impulsará la participación de organizaciones y ciudadanía.

La diputada local Martha Ávila señaló que, contrario a las afirmaciones de la oposición, esta ley garantiza las facultades que tienen las alcaldías para instrumentar sus propios programas sociales en beneficio de los habitantes de su demarcación, así como fortalecer la coordinación entre los niveles de gobierno para implementarlos y maximizar su impacto.