La justicia es ciega si escapa a su mirada la realidad sobre la cual se juzga.

Aislarse del entorno provoca en los juzgadores ceguera de taller, donde sólo es posible la interpretación textual de leyes o códigos o la valoración disfrazada de argumento legales oculta en realidad, corrupción o incapacidad.

Ha habido decisiones a favor de la salida de criminales literalmente por la puerta trasera, burlando la ley, amparados en argucias de abogados defensores avaladas por un secretario de acuerdos o un juzgador.

A nivel nacional la discusión está en la reforma al Poder Judicial, particularmente en la elección de jueces por medio del voto, mientras, en los juzgados ocurren casos inadmisibles.

Ayer, al presentar la iniciativa de reforma al artículo 35 de la Constitución Política de la Ciudad de México, el jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, detalló dos resoluciones de jueces federales para las cuales no fueron tomadas en cuenta el contexto relacionado con los imputados.

En marzo pasado, en un operativo en la capital nacional, elementos de la Marina detuvieron a Fabián N. por violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos, así como operación con recursos de procedencia ilícita.

Aunque estaba entre los criminales más buscados y se ofrecía una recompensa, el juez federal lo liberó por supuestas inconsistencias en el relato de los elementos federales. El sospechoso salió de noche, por la puerta trasera, disfrazado de abogado. No se ha vuelto a saber de él.

¿Qué era más importante en la toma de decisión? ¿Una discrepancia en la narrativa de los hechos o la oportunidad, no atendida, de sacar de las calles a un generador de violencia?

El otro caso es el de un automovilista ebrio, quien atropelló a tres trabajadores en la México-Cuernavaca, y fue liberado porque el juez no consideró a las víctimas como peatones, sino empleados que podrían haber realizado sus labores sin las condiciones necesarias de seguridad.

La propuesta de reforma, con carácter de decreto, busca anteponer la justicia social a las formalidades secundarias, y establecería un punto de inflexión en el quehacer jurisdiccional con el fin de garantizar el acceso a la justicia a las y los ciudadanos, en particular a las poblaciones más vulnerables.

En la capital nacional, Claudia Sheinbaum impulsó un modelo de colaboración con el Poder Judicial, que será base de la gestión de Clara Brugada.

La procuración e impartición de justicia no puede ser ajena al contexto de los hechos y a los antecedentes de los involucrados, requiere sensibilidad y voluntad de jueces.

Así, no será necesario volverse a preguntar, como lo hizo ayer Batres: “¿Y dónde está la justicia?”. La ciudadanía, en su interminable interacción de mayorías y minorías, requiere y espera certidumbre respecto de la calidad del sistema.