La Fiscalía General de la República (FGR) gastó 34 millones de pesos en la compra de muebles, como sillas, mesas, archiveros y escritorios, por la reubicación de personal en la Ciudad de México, de cara a una futura mudanza al llamado Parque Nacional de la Justicia, en Santa Fe.
En la Plataforma Nacional de Transparencia están publicados cuatro contratos por el concepto de “adquisición de mobiliario para la reubicación de personal de la Fiscalía General de la República en cuatro inmuebles de la Ciudad de México”.
Dichos contratos fueron firmados entre el 29 de febrero y 26 de marzo pasado, lo cual coincide con el cambio de sede de la FGR de Insurgentes 20 a Dr. Velasco 175.
Mientras que la Fiscalía sigue en el proceso de mudanza a una sede propia, la cual se ubicará en Santa Fe, en un predio cedido por el Gobierno federal, mismo que se encuentra al lado de otros terrenos que la FGR busca expropiar mediante un decreto que data del Porfiriato.
A la fecha, se desconoce qué avance tiene la construcción del Parque Nacional de la Justicia y en qué proceso se encuentra tanto la mudanza como la expropiación de predios.
ESTRENA MUEBLES
Respecto a la compra de mobiliario, la mayor contratación fue con la empresa Aro Mobel por 14.2 millones de pesos para la adquisición de 23 sillas, con valor de 7 mil 500 pesos cada una; 102 sillas de cuatro patas, con precio unitario de 3 mil 100 pesos; y 68 sillas ejecutivas, con valor de 7 mil 150 pesos.
El contrato incluye la compra de otras mil 958 sillas por 4 mil 200 pesos cada una, así como dos mesas redondas, con un costo unitario de 15 mil pesos; seis mesas rectangulares de 31 mil pesos; ocho mesas de trabajo de 7 mil 990 pesos, y 178 archiveros, de 15 mil 940 pesos.
Otro de los contratos es por 10 millones de pesos con la empresa Aparatos Electromecánicos Von Haucke, por mil 630 archiveros móviles, así como otros 13 archiveros para directores generales y 12 módulos para los mismos funcionarios.
A su vez, a la empresa Muebles la Forja de Juan Escobar le facturaron 4.4 millones de pesos para la adquisición de 335 módulos, tipo escritorio, para directores y subdirectores de área de la FGR.
A la empresa Transformatec le compraron 5.1 millones de pesos por 365 anaqueles tipo esqueleto.
La Fiscalía General de la República arrancó en 2020 la construcción de una nueva sede en la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México, en lo que se denominará Parque Nacional de la Justicia.
Los terrenos le fueron cedidos por el Gobierno federal y se trata de un predio de más de 160 mil metros cuadrados, que perteneció a la Policía Federal.
La antigua sede de la FGR, que eran los edificios de Reforma 211 y 213, desde 2017, debido a los daños que ocasionó el sismo fueron desalojados de manera paulatina.
Hace unos meses, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) publicó el aviso de venta de esos dos inmuebles.
La FGR se mudó primero a un edificio en Insurgentes 20, en la colonia Roma, y desde marzo pasado, las oficinas centrales, desde donde despacha el fiscal Alejandro Gertz, están en Dr. Velasco 175, en la colonia Doctores.
Respecto al Parque Nacional de la Justicia se pretende que tres mil funcionarios de la FGR operen desde ese inmueble; sin embargo, a la fecha se desconoce en qué proceso va la mudanza a su nueva sede.
La fecha de firma de los contratos, todos en marzo y febrero pasados, para la compra de 34 millones de pesos en mobiliario, coincide con el periodo en que la FGR mudó sus instalaciones centrales a Dr. Velasco 175, en la colonia Doctores.
El 29 de febrero se publicó el aviso de la Fiscalía en el Diario Oficial de la Federación sobre el cambió de sede. Respecto a los terrenos donde se construye el Parque Nacional de la Justicia, estos le fueron cedidos por el Gobierno federal en 2020; sin embargo, la Fiscalía mantiene un litigio por unos predios contiguos.
Se trata de al menos 53 hectáreas, en las que se encuentran desde terrenos baldíos hasta comercios y zonas habitaciones, y que la FGR reclama como bienes de la nación con el argumento de un decreto emitido durante el Porfiriato.
La FGR tiene abiertas carpetas de investigación y ha iniciado litigios para la devolución de los predios, con el argumento de hacer valer un decreto del 30 de octubre de 1907, firmado por Olegario Molina, secretario de Fomento, Colonización e Industria del gobierno de Porfirio Díaz, que los catalogó como bienes nacionales.