Cárcel. A la persona que venda o distribuya bebidas alcohólicas después de las 2 de la mañana, podría pasar seis años en prisión.
Foto: Especial |   Cárcel. A la persona que venda o distribuya bebidas alcohólicas después de las 2 de la mañana, podría pasar seis años en prisión.  

Con el objetivo de disminuir accidentes, agresiones, homicidios u algún otro percance ocasionado por el consumo excesivo de bebidas embriagantes durante la madrugada, los antros de Puebla cerrarán a las 2:30 horas.

Este jueves 18 de julio entraron en vigor las reformas a la Ley para Venta y Suministro de Bebidas Alcohólicas en el estado, que disponen el cierre de bares y discotecas a esa hora, pero suspenderán la venta de bebidas alcohólicas a las 2:00.

El decreto con las nuevas disposiciones oficiales, aprobadas hace tres semanas en el Congreso local, fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado

“Bajo ningún supuesto, los establecimientos podrán operar, permanecer abiertos o permitir la permanencia o el ingreso de personas o comensales después de las 02:30 horas”, se lee en el documento. 

Aquellos propietarios de centros nocturnos, tiendas o expendios que incumplan las reformas legislativas, recibirán sanciones de hasta seis años de prisión. 

“A la persona que venda, distribuya, suministre bebidas alcohólicas sin la licencia o el permiso correspondiente, fuera de los horarios establecidos, se le impondrá de seis meses a seis años de prisión y multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización”.

La Ley obliga la instalación de un circuito cerrado de videovigilancia en todos los bares, antros y establecimientos similares.

“Deberán contar con circuito cerrado de televisión, con cámaras instaladas en el interior y exterior del establecimiento evitando al máximo la existencia de puntos ciegos; el respaldo de la grabación de dicho sistema, tendrá una vigencia mínima de 30 días naturales”.

Los ayuntamientos de la entidad tendrán un plazo de 90 días para actualizar su normativa, conforme a las reformas que incluyeron a la de la Ley de Seguridad Privada y del Código Penal del Estado.

Además, deberán dar acceso a policías y autoridades de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) para vigilar y en caso de no hacerlo, podrán clausurarlos o quitarles sus permisos para operar.