La ola de desplazados que huyen de la violencia en Chiapas se ha extendido a las comunidades tzotziles de San Clemente, La Esperanza y Tzanembolóm, todas ellas en el municipio de Chenalhó, colindante con Pantelhó, en la Región de Los Altos.
Las incursiones violentas del grupo criminal Los Herrera terminaron con la paz en esa zona, lo que generó que cientos de familias dejaran sus hogares para refugiarse en otros sitios, pero que ahora no se pueden mover por temor a ser emboscados.
Esas comunidades han quedado semidesiertas y el acceso es casi imposible, porque los pobladores son forzados a cerrar los caminos para impedir el acceso de elementos del Ejército mexicano, de la Guardia Nacional y de las autoridades estatales.
Los afectados han denunciado que la disputa territorial, política y monetaria entre Los Herrera y El Machete genera terror.
SOLO HAY 60
En la comunidad de San Clemente hay 60 personas que se resisten a permanecer en la zona, pese a la violencia y aunque la otra mitad sí dejó su casa y sus pertenencias.
La semana pasada sufrieron el embate de un grupo armado, pero ellos se rehúsan a dejar su hogar.
Incluso, esta semana elementos de Protección Civil intentaron rescatar de una escuela habilitada como albergue a 120 tzotziles de la comunidad de Tzanembolom, pero se negaron a dejar el plantel ante la falta de garantía de su seguridad.
“No quisimos salir sin seguridad, estamos amenazados. Todavía hoy en la mañana hubo balazos durante un ratito y sigue latente el riesgo.
DIPUTADA PANISTA LAMENTA SITUACIÓN
La violencia hacia tzotziles por parte de criminales en el municipio de Pantelhó, Chiapas, y que debieron refugiarse en una escuela primaria, no es el único caso, aseveró la diputada federal Adela Ramos Juárez (PAN).
“Mi distrito precisamente, Chenalhó, Pantelhó, Aldama, muchos municipios, también Frontera Comalapa, Chicomuselo hay desplazados porque la gente ha tenido que abandonar sus casas, sus hogares”, dijo Ramos Juárez.
Agregó que en esos territorios hay casos de familias completas que han sido ejecutadas y las poblaciones se encuentran sin garantías de seguridad e incluso sin alimentos.
A ello, continuó, se suma la imposibilidad de poder denunciar los atropellos porque no hay fiscalía, gobierno ni gobernador en el estado.
“No existe ya ese derecho del pueblo a la seguridad o exigir justicia y en este estado tan vulnerable de indefensión, ante la complicidad de los tres niveles de gobierno, el presidente de la República apenas hace unos días negó que en Chenalhó habían atacado a una familia, ¡lo negó!.