Un grupo de juristas mexicanos, entre los que se encuentran Rafael Estrada Michel y César Alejandro Ruíz Jiménez, se pronunció a favor de una Reforma Judicial que cuide el equilibrio de poderes.
“Toda reforma que pretenda incidir en un mayor, eficiente y eficaz acceso a la Justicia debe ser bienvenida en un país en el que las mayorías tradicionalmente se han hallado excluidas de tan vital servicio público”, afirmó Estrada Michel abogado por la Escuela Libre de Derecho y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca.
El colectivo de juristas -al que también se han integrado Juan Carlos Cruz Razo, Luis Vega Ramírez y Arturo Pueblita Fernández- resaltó de que las propuestas que ahora se discuten de cara a la reforma judicial, se debe observar que no lesionen la división de poderes que ha costado décadas instrumentar y poner en práctica.
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“Aquellos que realizan el delicado trabajo de juzgar en todo momento deben tener claro que no tienen por qué agradar a nadie, mucho menos a aquellos que lo votaron, porque su única obligación es encontrar la solución más justa en el marco del orden constitucional”, afirmó César Ruiz Jiménez ex asesor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Rafael Estrada, quien encabeza el esfuerzo de este grupo de abogados, explicó que en el derecho siempre hay complejidad, contexto e interpretación, que no hay normalmente casos fáciles, y en los asuntos que se desenvuelven en los tribunales siempre se llega más de una posición encontrada y discutible que requiere largas horas de estudio y reflexión.
No es posible, afirmó el también exdirector General de la Judicatura Federal y del Instituto Nacional de Ciencias Penales, hacer del juez una “boca flaca, inerte y robótica de la voluntad legislativa resultaría reduccionista y empobrecedor, porque su experiencia aporta a la hora de integrar el orden jurídico. Someter a quien juzga a pesquisas que partan de la sospecha de que sus pensamientos delinquen terminará por excluir a los audaces y someter a los cobardes. En ambos casos, la división de poderes quedará dañada, la imparcialidad judicial se tornará imposible y el acceso a la Justicia quedará como uno más de nuestros seculares anhelos inacabados”.
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El colectivo de juristas se pronunció a favor de perfeccionar la carrera judicial -una de las pocas áreas de servicio civil que funciona en la República-, extendiendo su influencia a fiscalías y defensorías públicas y estructurando un modelo funcional de formación, capacitación y certificación de quienes operan el Derecho, incluyendo a juristas privados, peritos e investigadores policiales.
“No hay razón para tolerar los excesos voluntaristas y politizados de una Judicatura mal formada e inexperta, tampoco se debe apostar por tornar a modelos de facultades exacerbadas para Legislaturas y Ejecutivos. En la sana y equilibrada división de poderes está la clave. Todo lo demás resultara en apacentarse con viento y, muy probablemente, en heredarlo”, aseveró Estrada Michel.