México tiene la oportunidad de demostrarle a Estados Unidos que el problema del narcotráfico es de la sociedad estadounidense y no mexicana: aceptar el cierre de la frontera para que ni un sólo gramo de droga fabricada en México o en trasiego mexicano llegue al consumidor de EU.

No hay cifras formales porque el propio gobierno estadounidense se ha encargado de desorientar en esas contabilidades, pero hay pruebas de que casi el 10 por ciento de la población estadounidense está siendo tratada por adicciones, una cantidad cercana a 30  millones de adictos referido; y otras evaluaciones indican que cuando menos 50 por ciento de los habitantes de la sociedad del consumo estadounidense han tenido alguna vez o tienen referencias de contacto de drogas, aunque con diferentes niveles de adicción.

Si solo se refiere a la cifra aprobada de 30 millones de adictos en acto, cualquier desabasto en toda la larga lista de droga generaría protestas violentas en las calles. Una argumentación existente y no probada científicamente, señala que allá por los noventa la CIA realizó un experimento en Los Angeles: proporcionar droga a las comunidades negras de adictos y medir los grados de conflicto social. Y en efecto, los drogadictos dejan de ser un potencial problema de insurrección.

Pero quien conozca aún de lejos el funcionamiento y la dinámica del tráfico de drogas, la disposición de productos para 30 millones de adictos implica una estructura delictiva de decenas de miles de contrabandistas, traficantes, vendedores en las calles y lavadores de dinero.

De ahí que la idea del candidato Donald Trump de sellar la frontera para evitar el tráfico de droga beneficiaría a México y las autoridades mexicanas deberían ayudar a poner un sello policiaco-militar para que ni un sólo gramo de droga pase a Estados Unidos por la frontera mexicana y que los americanos se hagan cargo de las protestas de sus 30 millones de adictos.

 

Zona Zero

  • El mecanismo extrajudicial y extraterritorial para que Estados Unidos pueda intervenir de manera unilateral en México para perseguir aquí a cárteles del narcotráfico no sólo es violatorio de la soberanía mexicana, sino que implica un desafío diplomático. Por lo pronto, el modelo de organismos criminales transnacionales fue contenido en parte por México con la reforma que obliga a la DEA a registrar agentes, armas y operativos para someterlos a la soberanía mexicana. Falta que cumplan, claro; pero el reglamento es legal, existe y se debe aplicar.

 

(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

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