La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México llamó al Consejo de la Judicatura Federal a erradicar la corrupción judicial al interior de la institución.
En sesión el diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario de Morena, expuso que el objetivo es que el Consejo de la Judicatura Federal integre una comisión interna que dé seguimiento a los procesos emblemáticos o de litigio estratégico que se desarrollan en el ámbito de competencia, esto con la finalidad de que se asegure el cumplimiento de los derechos humanos, la prevalencia del Estado de derecho y el cumplimiento de las resoluciones que pongan fin a los procedimientos jurisdiccionales.
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Durante el uso de la palabra el legislador morenista señaló que la corrupción judicial en el país se encuentra generada y amparada por policías, Ministerios Públicos o fiscales jueces y responsables de las cárceles.
“La corrupción judicial en México es generada y amparada por los actos de los distintos agentes involucrados en el sistema judicial”, aseguró el legislador morenista.
Asimismo, subrayó que en el período del 1 de enero del 2019 el 31 de octubre del 2021 el CJF revisó mil 188 quejas y denuncias sobre personas funcionarias públicas, auditó 36 áreas administrativas y realizó mil 347 seguimientos de evolución patrimonial, evidenciando con ello distintas formas de corrupción.
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“Se concluyeron 63 auditorías, 12 de desempeño, 11 financieras, 13 integrales, ocho operacionales, ocho de obra y dos de finiquito, derivado de las cuales se emitieron en total mil 225 acciones a 36 áreas administrativas del CJF”, abundó Urincho sobre las auditorías celebradas del periodo del 1 de enero del 2019 al 31 de octubre del 2021 sobre las auditorías celebradas.
Además, refirió que en el periodo de 2019 a 2020 se observaron 48 mil 842 declaraciones patrimoniales y de interés, así como mil 280 estudios de evolución patrimonial, lo que generó 3 mil 626 dictámenes respecto a posibles incumplimientos en la presentación de las declaraciones y 431 informes presentados a la autoridad sustanciadora por presunta responsabilidad administrativa.
EAM