La adquisición de los Hospitales que fueron concebidos bajo el esquema de Asociación Pública Privada, operada por la directora General del ISSSTE, Bertha María Alcalde Luján, comenzó a causar preocupación entre algunos concesionarios por lo acelerado del proceso, cuando ya se observa muy cerca el fin del sexenio.

Este modelo de hospitales a los que pueden acceder los trabajadores del gobierno, se concibió bajo un minucioso análisis previo que contempló desde su diseño y construcción, la demanda de servicios, morbilidad, mortalidad, rentabilidad social, análisis costo-beneficio, viabilidad jurídica y viabilidad financiera, hasta el equipamiento y la operación a largo plazo.

Parte de la preocupación es que su recuperación sin una estrategia clara podría no solo violar los derechos de los inversionistas extranjeros que confiaron e invirtieron en estos proyectos –lo que abriría otro frente de preocupación, como el que ya existe en el sector energético– sino también generar un problema significativo en la capacidad operativa del sistema de salud pública, impactando directamente a los derechohabientes.

Los hospitales APP, que son el resultado de rigurosos estudios aprobados por la Secretaría de Hacienda y el Congreso, fortalecieron la capacidad operativa dentro del sistema de salud pública del ISSSTE, con clínicas y hospitales de primer nivel, como el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, y que ahorraron cuantiosos recursos al gobierno… por el contrario, apenas en abril pasado la Junta Directiva del ISSSTE aprobó utilizar las reservas financieras para asumir el costo de cuatro hospitales.

 

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Ajustan el voto de jueces

Rumbo al 9 de agosto, los operadores de la virtual presidenta, Claudia Sheinbaum, alistan el documento que enviarán al Legislativo para enriquecer la propuesta original del presidente López Obrador. Arturo Zaldívar, Ricardo Monreal, Santiago Nieto y Eruviel Ávila aterrizan la propuesta con la información obtenida en los “Diálogos Nacionales”.

Según documentos a los que tuvo acceso esta columna, el planteamiento de la autollamada cuarta transformación para reformar al Poder Judicial parte de que apenas el 39 por ciento de la ciudadanía confía en jueces, magistrados y ministros; por lo que es indispensable reestructurar los sistemas judiciales y el método para seleccionar a los jueces.

Los jueces locales y federales, se explica, serán elegidos por voto popular a partir de un grupo de candidatos previamente seleccionados, con el fin de garantizar la pluralidad en la elección y cumplir con “las exigencias del pueblo”. Así, dicen en la 4T, se garantizaría la autonomía, independencia e imparcialidad de los funcionarios de los Tribunales de Justicia Locales, asegurando que los nombramientos de magistrados cuenten con el respaldo y la confianza del pueblo, promoviendo así una mayor transparencia y legitimidad en el sistema judicial.

Llevar a los juzgadores a una votación popular, justifican, permite que los ciudadanos sientan que tienen una voz en la selección de quienes administran justicia a sus problemáticas cotidianas, por lo que sería más probable que confíen en el sistema y respeten sus decisiones.

 

        @chimalhuacano