Consejeros y magistrados jugarán su destino con sus votos.
Si van con el gobierno y la autodenominada 4T con su apoyo a favor de la sobrerrepresentación, votarán contra su propia anulación y la supervivencia de sus propios órganos.
Porque con esa decisión darán su propia autorización para desaparecer su Instituto Nacional Electoral (INE) y su Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Otorgarán la mayoría sobrecalificada -o sobrerrepresentación en el argot de juristas-para permitir a las bancadas del gobierno (Morena, PT, Verde) desaparecer contrapesos.
De entrada, al Poder Judicial de la Federación con su órgano superior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y a partir de ahí a muchos institutos más con supuesta autonomía.
Ellos van en esa suerte.
Con una lamentable prospectiva: ambos organismos, el INE y el Trife, parecen estar a disposición de las decisiones de la única voz mandante en esa entelequia bautizada como 4T por su amo y señor, Andrés Manuel López Obrador.
UNA ESPERANZA
En teoría, hay un retén.
En un análisis simple, el INE no está dominado por consejeros electorales afines a Palacio Nacional, aunque algunos de ellos, como su presidenta Guadalupe Taddei, estén alineados.
Por algo contó con el impulso definitivo de Alfonso Durazo, gobernador de Sonora y presidente del consejo de Morena, para salir sorteada a un puesto tan importante.
Con ella están otros pares –Rita Bell López Vences, Norma Irene de la Cruz Magaña y Jorge Montaño Ventura-, a quienes a veces se suma Uuc-Kib Espadas Ancona.
En ellos gira la esperanza del gobierno y del morenismo para tener los votos suficientes a fin de recibir la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados: 74 por ciento de las curules con 54 por ciento de los votos de Morena, PT y Verde.
En el Poder Ejecutivo tienen identificados como seguros votantes en contra de este atraco constitucional a Dania Paola Ravel Cuevas, Carla Astrid Humphrey Jordan, Beatriz Claudia Zavala Pérez, Martín Faz Mora, Arturo Castillo Loza y Jaime Rivera Velázquez.
Los últimos, por seis votos contra cinco, pueden frenar el robo a la democracia.
TRIBUNAL AFÍN
Pero hay otro obstáculo.
El Tribunal Electoral, donde los momios favorecen al gobierno y al partido de estado junto con sus fardos, el PT y el Verde, para darles tres cuartos de la Cámara de Diputados.
Sí, ellos pueden minimizar a la oposición: con 46 por ciento de la votación del 2 de junio, asignarle solamente una cuarta parte de los 500 diputados federales.
Luego vendrá el juego definitivo, el TEPJF, donde la mayoría favorece al oficialismo con tres sufragios contra dos, bajo el supuesto de mantener sus votaciones como las prevé el poder federal.
Los tres magistrados leales al Ejecutivo son la presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso y quienes la pusieron ahí, Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera.
Los votos en contra de ese robo serían Reyes Rodríguez Mondragón, el magistrado destituido por los tres anteriores, y Janine M. Otálora Malassis.
Con estos datos regresamos al tema de nuestra columna: ¿esos consejeros y esos magistrados votarán para asignar las diputaciones al oficialismo a fin de recibir el golpe definitivo contra el Poder Judicial y los órganos autónomos, entre éstos ellos mismos?
Ver para creer.