Confrontación. Diputados compartieron sus puntos en contra y a favor del proyecto; por un lado, comentaron que omite atribuciones exclusivas de las alcaldías y por el otro, destacaron que garantiza el ejercicio pleno de los derechos sociales.
Foto: Especial | Alerta. El diputado por Morena, Alberto Martínez Urincho, apuntó que la corrupción es generada y amparada por distintos agentes involucrados en el sistema judicial.  

Distintos actores involucrados en el sistema judicial promueven y amparan la corrupción en México, por ello es imperativo que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) implemente las acciones necesarias para evitar estos actos, destacó la Comisión Permanente del Congreso capitalino.

El diputado Alberto Martínez Urincho, expuso que la finalidad es que el CJF integre una comisión interna que dé seguimiento a los procesos emblemáticos o de litigio estratégico que se desarrolla en el ámbito de competencia, para salvaguardar el respeto a los derechos humanos y al cumplimiento de las resoluciones que pongan fin a los procedimientos jurisdiccionales.

El morenista señaló que la corrupción judicial en el país está amparada por policías, Ministerios Públicos, fiscales, jueces y responsables de las cárceles.

Subrayó del 1 de enero del 2019 el 31 de octubre del 2021, el CJF revisó mil 188 quejas y denuncias sobre funcionarios públicos, auditó 36 áreas administrativas y realizó mil 347 seguimientos de evolución patrimonial, con lo cual, dijo, se evidencian las distintas formas de corrupción.

El diputado agregó que, tras la implementación del Sistema de Control Interno Institucional entre 2019 y 2020, se concluyeron 63 auditorías que dieron por resultado mil 225 acciones a 36 áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal.

Mientras que de 2019 a 2020, se observaron 48 mil 842 declaraciones patrimoniales y de intereses, así como mil 280 estudios de evolución patrimonial, lo que generó 3 mil 626 dictámenes de posibles incumplimientos en la presentación de las declaraciones y 431 informes presentados a la autoridad substanciadora por presunta responsabilidad administrativa.