Para impedir el aumento excesivo en la renta de vivienda en la Ciudad de México, el Gobierno capitalino prepara una iniciativa de reforma para modificar la Ley de Vivienda y el Código Civil local, misma que enviará en los próximos días al Congreso local.
El jefe de Gobierno, Martí Batres, explicó que se plantea una política de construcción de vivienda pública para renta a bajo costo, establecer la inflación como límite para actualizar el costo de las rentas y crear un registro de los contratos de arrendamiento con el objetivo de dar certidumbre al dueño de la vivienda y al inquilino.
Batres indicó que propone un registro digital de contratos de arrendamiento, de autorización inmediata, a cargo del Gobierno, el cual deberá realizar el dueño de la vivienda en un plazo no mayor a 30 días de celebrado el contrato.
“El arrendador no tendrá que hacer un trámite burocrático interminable, hará un registro digital muy rápido de autorización inmediata y se protegerán sus datos personales”, puntualizó.
Explicó que el Código Civil ya establece un límite para el aumento en el costo de las rentas, sin embargo, el límite que se establece en realidad es el doble del promedio de la inflación histórica de los últimos lustros.
Por ello, propone incorporar el siguiente párrafo: “El aumento no podrá ser mayor al índice inflacionario, de tal forma que podamos frenar la tendencia al alza que se ha venido dando en los últimos años”, indicó.
El jefe de Gobierno refirió que el incremento excesivo en la renta tiene un impacto social negativo para alrededor de 1 millón de personas.
Además, dijo, repercute en otros fenómenos como especulación inmobiliaria, gentrificación y expulsión de habitantes de la Ciudad hacia la periferia.
“El alto costo y la elevación en el costo de las viviendas en alquiler, repercute principalmente en contra de los más pobres, es a los que les pega más; es decir, a las clases populares y a las clases medias populares es a las que les pega más”, apuntó.