Desde principios de 2024, México enfrenta una crisis climática sin precedentes. En los últimos meses, el país ha registrado temperaturas récord que han provocado la muerte de decenas de personas y puesto en peligro a numerosas especies. Además, la sequía ha afectado a gran parte del territorio, mientras que desastres naturales como huracanes e incendios han mantenido al país en estado de emergencia.
La situación sigue agravándose, lo que refleja la urgencia de tomar medidas contundentes y prontas. En este contexto, resulta especialmente relevante el reciente incremento en el gasto gubernamental en protección ambiental. Según datos de la Secretaría de Hacienda, entre enero y mayo, el gobierno gastó 9,746 millones de pesos en esta área –un 30.8% más que el año anterior.
Este aumento es el más significativo desde 2014, cuando el gasto en protección ambiental incrementó un 44.7%. No obstante, a pesar de esta mejora, los niveles de inversión aún están por debajo de las necesidades actuales, especialmente considerando la situación que enfrentamos en la actualidad.
Y aunque si bien, este gasto incluye esfuerzos para prevenir, controlar y reducir la contaminación, así como proteger y gestionar el medio ambiente, aún representa una pequeña fracción del presupuesto nacional. Según el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, sólo el 0.19% de los más de 9.06 billones de pesos se destinará a este rubro, lo que equivale a 17,352 millones de pesos –o el 0.1% del PIB.
Cabe mencionar que el crecimiento en el gasto se da en un contexto de recorte presupuestario. La Cámara de Diputados aprobó un presupuesto para protección ambiental que es un 15.4% menor que el del año pasado, siendo la mayor parte de este presupuesto (74.8%) correspondiente a la Conagua. Sin embargo, la Semarnat carece de proyectos asociados, lo que limita su capacidad de acción.
En ese marco, los expertos coinciden en la necesidad de incrementar el gasto en protección ambiental, especialmente ante los efectos adversos del cambio climático para con la sociedad. No obstante, el limitado espacio fiscal complica la posibilidad de aumentar significativamente este gasto y, por ende, la ejecución de políticas públicas eficaces.
Sin duda se requiere de una reforma fiscal progresiva que incremente los ingresos públicos y permita una mayor inversión en políticas ambientales y otras áreas prioritarias. Sin embargo, aún hay incertidumbre en los escenarios sobre los ingresos futuros y la capacidad del gobierno para enfrentar desafíos fiscales y ambientales.
Frente a tales circunstancias, aunque el incremento en el gasto en protección ambiental es un paso positivo, es necesario un compromiso más profundo y sostenido para abordar los desafíos ambientales y climáticos de manera efectiva. La coyuntura actual exige no sólo de una mayor inversión, sino de una planificación estratégica para proteger el medio ambiente y garantizar un futuro sostenible para México.
Consultor y profesor universitario
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