¿Superaremos algún día la politiquería, omisión, actitudes políticamente correctas y el dolor a diez años de lo ocurrido en Ayotzinapa?
La reunión de madres, padres y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 con la presidenta electa Claudia Sheinbaum —con la presencia de abogados y representantes de la ONU— implica continuidad de un compromiso de esclarecimiento.
El aspecto central será, llegado su tiempo y forma, la definición de un método de trabajo para acercarse a la verdad de los acontecimientos, alcanzar el grado de justicia donde no haya impunidad y el conocimiento sobre el destino de los cuerpos. Y la aceptación del resultado. ¿Podemos superar el límite de lo políticamente correcto donde en ausencia de verdad jurídica e historicidad compartible se niega la tragedia de la ausencia definitiva de los 43?
Nadie espera aceptación al cien por ciento de una casi mitológica, inverosímil o inaceptable “verdad histórica”, como tampoco el desconocimiento de que el Ejército mexicano no actuó en una operación coordinada ilegal aún cuando, eventualmente, segmentos de esas mismas fuerzas armadas pudieron intervenir inadecuadamente o en franca complicidad con delincuentes.
Es un error intentar la elucidación de porciones de la historia desde un tribunal o actores militares contra civiles que han sido funcionarios. Es el caso de involucrar a la Comisión de la Verdad, representada entonces por Alejandro Encinas, omitiendo la comprensión de las funciones de estos órganos. La búsqueda de la verdad no está a juicio, lo está la responsabilidad de los delincuentes.
No existe evidencia de una operación militar programada, como tampoco hay completa aceptabilidad en un documento excluyente de toda responsabilidad de algunos elementos de las fuerzas armadas. La participación de organismos del crimen organizado debe detallarse, así como sus colindancias con la fuerza pública.
Las reuniones del lunes, primero con el presidente Andrés Manuel López Obrador y posteriormente con Sheinbaum, donde estuvo Rosa Icela Rodríguez, titular de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y próxima secretaria de Gobernación, evidencian la persistencia de problemas severos de impartición de justicia a familias de los desaparecidos y el mantenimiento del compromiso presidencial de esclarecer la tragedia.
Al reunirse en un edificio administrado por el gobierno de Martí Batres, se mantiene el reconocimiento oficial del sufrimiento. Varios países han establecido comisiones de la verdad. Pasó en Argentina con la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, tras la lucha de las Madres de Plaza de Mayo por las detenciones y desapariciones durante la dictadura militar de 1976 a 1983.
Los 43 de Ayotzinapa mantendrán una vigencia entre los pendientes de la nación con las víctimas en la gestión 2024-2030.
@guerrerochipres