Enfocados en encarcelar a Rosario Robles, las autoridades cuatroteistas ni siquiera apuntaron a su entonces contralor, quien no solo fue contratado posteriormente como director anticorrupción en Veracruz, en el gobierno de Cuitláhuac García, sino que actualmente trabaja en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Miguel Ángel Vega García se encuentra ahora en el equipo de la Auditoría Interna y en la nómina abierta aparece con el nivel de Director General. Aunque aparentemente ha quedado atrás el caso ya con la exjefa de Gobierno del Distrito Federal y exsecretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano en libertad, dentro de la propia secretaría han comenzado a recibir algunas quejas relacionadas con irregularidades en derecho de vía, con personajes que hablan en su representación, aunque, nos aclaran, no se ha confirmado si él tiene conocimiento de estos actos que caerían en el delito de extorsión.

Los caminos de la justicia en la Cuarta Transformación son muy extraños, pues mientras se arremete con todo contra personajes con los que se tienen diferencias políticas con el caso de Robles, olvidando incluso a los personajes que debieron la debieron auditar, o que la auditaron y no encontraron irregularidades, en otros casos, los amigos-funcionarios no son tocados ni con el pétalo de una insinuación: Francisco Garduño Yáñez, en el Instituto Nacional de Migración, Ignacio Ovalle, en Segalmex… ¿Y qué hay de Florencia Serranía, en el caso de la Línea 12 del Metro?

 

#LoboSapiensSapiens

¿Es un edén?

Desde hace unos días, en el Tabasco de Carlos Manuel Merino se sufre de un paro del transporte público que diariamente genera afectaciones a unas 20 mil personas; específicamente hablamos del cese de actividades de la empresa EV Netcomm, que circula por el corredor Coronel Gregorio Méndez Magaña en la ciudad de Villahermosa.

Para esta columna se confirmó que las negociaciones entre la transportista y la administración tabasqueña están por iniciarse; se busca destrabar un conflicto en el que la Secretaría de Movilidad local ha suspendido los permisos para la prestación del servicio, porque se niega a pagar unos 35 millones de pesos que se adeudan del llamado subsidio al usuario.

Apenas habían iniciado las protestas, el titular de la Semovi estatal, Narciso Oropeza, salió a negar la deuda e incluso a descalificar a la compañía concesionaria; pero le recordaron que fue su propia dependencia la que le permitió la operación por casi dos años.

Específicamente, el 27 de octubre de 2022 dio el banderazo de salida a unas 40 unidades de transporte público, en un evento encabezado por el gobernador Merino Campos. En ese acto, se anunció que la firma EV Netcomm realizaría la inversión para poner en circulación vehículos modernos y con sistemas de monitoreo, así como para desarrollar una aplicación de servicio gratuita para los usuarios; el gobierno estatal, por su parte, se comprometió a apoyar el proyecto con la concesión de las rutas, el pago del subsidio que se le asigna a los usuarios y el pago de un estudio de movilidad… lo cual se adeuda.

 

      @guerrerochipres