Ni cuantos cargos, ni boletas que se utilizarán o casillas necesarias para la votación se definen en la reforma judicial, que busca que jueces y magistrados sean electos por voto popular… Y así el Instituto Nacional Electoral (INE), no puede trabajar.
Ayer, en su primera participación en los siete foros de diálogo por la reforma al Poder Judicial, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, pidió a los legisladores claridad sobre los detalles de la iniciativa de reforma al Poder Judicial para poder elaborar en presupuesto y definir los procedimientos técnico-operativos para organizar la elección de juzgadores.
La funcionaria electoral hizo énfasis en que la iniciativa no define, entre otros datos, cuántos cargos estarán en disputa, cuántas boletas y cuántas casillas se instalarán.
Enfatizó en que los tiempos son importantes, porque realizar un presupuesto y definir los procedimientos no toma una semana.
“Cuando alguien dice: proceso electoral junto con lo que ya hacemos, inmediatamente en el INE empezamos a pensar en el tamaño del paquete, en el tamaño de las bodegas, ¿de qué tamaño es la boleta que vamos a tener?, ¿cuáles son las características que vamos a tener?
“¿Vamos a tener funcionarios electorales? ¿Cuántos funcionarios vamos a tener por casillas? ¿Vamos a instalar el mismo número de casillas de un proceso electoral como el que acabamos de vivir? ¿En qué nos podemos basar para definir cuántas casillas vamos a instalar en el territorio? ¿Vamos a irnos por un proceso exactamente igual al que recientemente vivimos o vamos a definir otro tipo de mecanismos?”, fueron algunas de las dudas expuestas por Taddei.
En entrevista posterior, la consejera presidenta señaló que el presupuesto no es caprichoso y responde al número de casillas, número de funcionarios y tipo de material que se va a utilizar, por lo que si todo eso no lo tienen definido, en este momento no pueden hacer un cálculo.
Revocación
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel, propuso que jueces y magistrados sean sometidos a una revocación de mandato, antes de una elección.
A las propuestas que ha presentado con antelación, la ministra agregó un artículo transitorio para que se establezca que magistrados de Circuito y jueces de Distrito, actualmente en funciones, participen en una jornada de revocación del cargo.
Abundó que se deberá tener una participación de al menos 40% de las personas inscritas en la Lista Nominal de Electores, como es el caso de la revocación del mandato para el Presidente de la República, o el porcentaje que el Congreso defina.
Como segunda propuesta, Esquivel dijo que, con el objeto de no interrumpir la carrera judicial de los secretarios, actuarios, y demás trabajadores, se les permita acceder a los procesos de elección popular en forma prioritaria, siempre y cuando cumplan los requisitos previstos.
En ello coincidió el ministro José Luis González Alcántara, quien propuso que el voto popular permita evaluar el desempeño de las personas juzgadoras.
“Usemos las urnas para decidir si los jueces y magistrados han realizado satisfactoriamente su trabajo y que, por tanto, deban de permanecer en el cargo o bien deban ser removidos”, afirmó.
Antecedente
Ayer, 24 HORAS publicó que la elección por voto popular de juzgadores federales, tan solo en el Primer Circuito de la Ciudad de México, implicaría la impresión de aproximadamente mil 300 millones de boletas electorales, es decir, al menos 166 papeletas por cada ciudadano de la capital del país.
Y es que al haber 166 juzgados y tribunales en la capital del país, se utilizarían el mismo número de boletas para la elección de jueces y magistrados, de realizarse una elección directa y sin ser escalonada, como se ha propuesto.
Es por ello que tanto especialistas como ministros de la Suprema Corte han llamado a que la elección de juzgadores, de realizarse, sea de forma escalonada.
En las pasadas elecciones federales, para elegir 500 diputados, 128 senadores y al Presidente la República, Talleres Gráficos de México imprimió 317.3 millones de boletas para los electores de todo el país, con un costo de 580.4 millones de pesos.
Por lo que para la elección de jueces, magistrados y ministros, que laboran en la Ciudad de México, la impresión de boletas, con la logística de una papeleta por cargo, se cuadriplicaría, comparado con las que se utilizaron para toda la elección federal pasada.
Para este año, en el que se celebraron elecciones presidenciales, entre otros 20 mil cargos de elección popular en todo el país, el presupuesto del INE es de 22 mil 322 millones 879 mil 716 pesos.