Guerrero (10,139), Estado de México (9,278), Oaxaca (6,609) y Chiapas (5,964) son las entidades con el mayor número de elementos de la Guardia Nacional (GN) hasta marzo de 2024; sin embargo, a pesar de esto, son los que registran altos índices de violencia, por lo que la presencia de estos agentes no representa una disminución en la criminalidad, de acuerdo con el más reciente informe del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, elaborado junto con la organización Causa en Común.
“La GN no ha dado resultados que incidan de manera significativa en la situación de violencia e impunidad crónicas que padece el país(…) según lo acreditan sus propios informes y los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP”, señala el documento.
Para muestra, en estados conflictivos como Guerrero, donde los homicidios dolosos pasaron de mil 580 en 2019, a mil 401 en 2023; en el caso del Edomex, fueron 2 mil 539 cuando se creó la GN a 2 mil 254 el año pasado.
En Oaxaca, el Secretariado Ejecutivo reportó 852 casos durante 2023 y en 2019 fueron mil 011 ejecuciones, y en Chiapas hace un año fueron 500 y en 2019, 525.
Estas entidades, no sólo reportan homicidios, también violaciones, desapariciones, ataques del crimen organizado, despojos y desplazamientos forzados, muchas veces enfrente de los elementos, han reportado habitantes en redes sociales.
El Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México está integrado por un grupo de académicos, periodistas y expertos, así como por organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de dar seguimiento a la construcción y resultados de la GN, así como al avance e impacto de la militarización en el país.
EN LA MIRA
Además, este cuerpo de seguridad está en medio de la opacidad y con quejas por violaciones a los derechos humanos. De 2019 a mayo de 2024, recibió cuatro mil 800 quejas por violaciones a los derechos humanos ante la CNDH, junto con las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.
Entre los casos controverciales recientes está la denuncia de dos elementos que balearon un auto en el municipio de Villa Hidalgo, en San Luis Potosí, en julio pasado, porque no se detuvo en un retén. En el vehículo viajaba Hael Nahomi, de nueve años, y su familia; ella recibió un disparo en la cabeza y falleció.
Otro fue el del 9 de junio cuando guardias nacionales se vieron involucrados en la ejecución de cuatro mujeres y dos niños en la colonia Industrial, en León, Guanajuato.
Continúan desplazamientos en Chiapas
En redes sociales, ayer, se dio a conocer la salida de al menos 400 habitantes de la comunidad Nueva Reforma, en el municipio de Chicomuselo, Chiapas; los usuarios señalaron que la huida se produjo luego de que un dron lanzó una bomba en pleno centro de la localidad.
El artefacto transportó el explosivo que cayó en la cancha del poblado, lo que provocó que los habitantes escaparan en vehículos hacia el embarcadero de la presa La Angostura.
Desde ese punto, cruzaron en lanchas hacia el muelle de Leningrado, en la alcaldía de Tzimol. Muchos se dirigieron a municipios del altiplano, donde se refugiaron con familiares, conocidos o en iglesias evangélicas que ofrecen cobijo.
Desde el 15 de julio, la violencia en territorio chiapaneco ha provocado el desplazamiento forzado de cientos de personas, algunos de ellos buscaron refugio en Guatemala.
Los grupos paramilitares de Los Herrera y El Machete están en una guerra por el control de la zona de la frontera con el país centroamericano por el tráfico de drogas y personas.
Estos hombres armados están vinculados con los cárteles Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa.
De acuerdo con José Adriano Anaya, investigador de la UACh, los presuntos delincuentes desplazan a la población serrana para quedarse con sus tierras cafetaleras y usarlas para plantar amapola. / 24 Horas