La Fiscalía de Venezuela inició ayer una investigación penal contra los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, quienes están acusados de “instigación a la insurrección” por exhortar a los militares a unirse al pueblo en medio de denuncias de fraude electoral.

El alto mando de la Fuerza Armada de Venezuela reafirmó la semana pasada su “apoyo incondicional” al presidente Nicolás Maduro, en consecuencia, en una carta abierta, Machado y González Urrutia pidieron a los militares y policías “colocarse del lado del pueblo” y cesar la “represión” de las protestas. En respuesta, la Fiscalía imputó a los opositores por “incitación a la desobediencia” y otros delitos, incluyendo “usurpación de funciones”.

A pesar de que ayer se cumplió el plazo para presentar el detalle de los resultados, el CNE, acusado por la oposición de estar al servicio del chavismo, no publicó detalles de los resultados electorales y su sitio web permanece inactivo, alegando problemas técnicos. Maduro solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que certifique los resultados, un proceso que es criticado por su falta de imparcialidad.

En medio de la crisis, líderes internacionales como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva manifestaron su apoyo a una elección transparente y llamaron al diálogo entre el gobierno y la oposición. Estados Unidos, la Unión Europea y varios países latinoamericanos expresaron dudas sobre la legitimidad de las elecciones y solicitaron la publicación de los recuentos de votos.

Maduro, por su parte, criticó las redes sociales por promover la “división” y el “odio”, y ha instado a boicotear aplicaciones de mensajería como WhatsApp, que considera “herramientas para la amenaza y la desestabilización del país”.

La situación en Venezuela sigue siendo incierta, con un gobierno que se aferra al poder y una oposición que lucha por exponer lo que consideran una grave injusticia electoral. La comunidad internacional observa con atención, esperando un desenlace que respete los principios democráticos y los derechos humanos.