La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dejó de recaudar al menos 43 mil millones de pesos al año por no cobrar el consumo de agua de uso industrial, comercial y agroindustrial, de acuerdo a un estudio realizado por especialistas, acusó la investigadora y activista Elena Burns, exsubdirectora general de Administración del Agua en esa dependencia.
La especialista, quien actualmente trabaja, junto con otros investigadores, en la conformación de una Contraloría Nacional Autónoma del Agua, explicó que esta conclusión se alcanzó al comparar cuánta agua está concesionada a estos sectores con el número de usuarios en el padrón único, así como el volumen que están declarando y pagando, lo que arrojó una subrecaudación.
Sobre el tipo de usuarios que están en esta situación, aseguró que van desde papeleras,
mineras, ingenios e incluso instalaciones federales, como las pertenecientes a Petróleos Mexicanos (Pemex).
“Los ingenios que son parte de los 40 usuarios más importantes, son como ocho y están, muchos, asociados con las refresqueras (…) de la administración federal está CFE y Pemex, que estarían en esa misma situación que las refresqueras, que los ingenios, que las mineras.
Enfatizó en que los 43 mil millones que calcularon no se están cobrando por el uso de aguas nacionales es solo para los rubros de industria, agroindustria, servicios y comercio, pero esta cifra podría aumentar “en una estimación conservadora” a 60 mil millones si se suman los usos de zonas federales, hidroeléctricas, extracción de materiales pétreos, así como el cobro por los trasvases y por las descargas.
“Con varios investigadores dedicamos mucho tiempo porque no dábamos crédito y fuimos, con la Auditoría Superior de la Federación, documentando estos 43 mil millones que no se están recaudando, eso está súper documentado.
“Pero estimamos que no solo son 43 mil, sino que llegaría a 60 mil millones por otros usos en donde también estamos viendo las evidencias de la subrecaudación, pero ahí no tuvimos ni los datos ni el tiempo para ir a ese nivel de certeza y detalle”, expresó Burns.
Indicó que recabaron datos de la Conagua desde 2011 e identificaron un patrón muy similar desde ese año hasta 2024, en que hay un descenso anual en el volumen de ingresos declarado, lo cual atribuye a que los usuarios se dan cuenta de que no importa si pagan o no por sus consumos, pues en cualquier caso no hay consecuencias.
La exfuncionaria de la Conagua agregó que esta dependencia podría afrontar y resolver la subrecaudación si tuviera voluntad para hacerlo, pues tiene la facultad de quitar cualquier volumen de agua que no se paga, no se declara y no se usa, pero no lo hace.
La impunidad, abundó, ha generado esa autorregulación por parte de los grandes consumidores en la que no hay medidores de agua, cada quien reporta sus usos y es consecuencia del ambiente que se ha creado con la Ley de Aguas Nacionales vigente.
Postura federal
Al respecto, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) rechazó que exista una subrecaudación por el uso de agua en consumidores, y aseguró que afirmar lo contrario exhibe un total desconocimiento del marco fiscal que rige las aguas nacionales.
Consultada por este diario sobre las conclusiones a las que llegó su exsubdirectora de Administración del Agua, afirmó que no existe “impunidad fiscal” para nadie, “por el contrario, la actual administración federal aplica la ley sin distingo de persona alguna. Dentro del marco legal aplicable, se propicia que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales de manera espontánea para evitar que incurran en omisión o morosidad de pago”.
La dependencia sostuvo que no hay pruebas de una subrecaudación y la conclusión se hace utilizando una metodología “completamente errónea”, al comparar el número total de titulares de concesiones y asignaciones registrados en el Registro Público de los Derechos del Agua (REPDA) contra el supuesto número total de titulares que pagaron derechos en 2023.
Esto “sin considerar las particularidades propias de cada título de concesión o asignación ni las propias exenciones de pago de derechos establecidas en la Ley Federal de Derechos, como los usos agrícola y pecuario (que ocupan gran parte de los usos concesionados), ni el uso de las poblaciones rurales de hasta 2 mil 500 habitantes, entre otras”.