Más a fuerza que convencidos, parece que los legisladores de Morena aceptaron que la propuesta de elegir a jueces y magistrados del Poder Judicial requiere de un proceso de mediano plazo, que no esté sujeto a las prisas presidenciales.

 

Al menos eso dejó ver ayer el coordinador de los diputados morenistas, Ignacio Mier; falta, desde luego, que los cambios deslizados por el poblano se lleven al texto de la iniciativa.

 

Mier dijo que se crearían Comités de Evaluación, que serían los encargados de elegir a quienes cumplan con los criterios de elegibilidad, que serán llevados a ley por los legisladores.

 

¿Quiénes conformarán esos Comités?

 

Bueno, según Mier, podrían ser personas “altamente calificadas’’ en el ámbito de la impartición de justicia, incluidos quienes ahora despachan como jueces y ministros.

 

Claro, Morena también propondrá que en los Comités participen funcionarios, legisladores o personajes afines, pues será hasta inocente pensar que dejarán a personal de carrera judicial seleccionar a quienes podrán concursar por una plaza de juez o ministro.

 

Y ahí sí, puede haber cada personaje que haga de los presuntos Comités una farsa.

 

Mier también dijo que la aplicación de la reforma al Poder Judicial será gradual, tal y como propusieron los propios ministros de la Corte.

 

La gradualidad también será un tema delicado que tendrá que ser perfectamente definido en la legislación que resulte para que no se afecten los procesos judiciales de cualquier índole en cualquier nivel.

 

Este proceso de escalonamiento tiene que centrarse primeramente en los poderes judiciales de las 32 entidades de la República, que llevan el 95% de los casos que interesan a los ciudadanos.

 

Los casos son denuncias por robo, por asalto a peatón, por extorsión, por abuso de confianza, por robo a casa-habitación, robo de vehículo, por homicidio, es decir, los delitos cotidianos que ocurren por miles a diario.

 

La Corte, sobre la que se ha centrado la reforma -y el rencor presidencial-, resuelve casos de disputas entre poderes (controversias constitucionales), entre los estados y la Federación, o entre particulares que se sienten agraviados por un acto de gobierno.

 

No dejan de ser importantes, pero son los menos, aunque por sus alcances no dejan de ser mediáticos.

 

La aplicación de la gradualidad por eso tendría que comenzar por los poderes judiciales de los estados.

 

Imagine el caso de una persona que denunció un delito, el que sea, que lleva dos o tres años en el juicio y de repente le cambian al juez del caso por efecto de la reforma.

 

El nuevo juzgador tardaría meses, si no es que años, en empaparse del asunto para darle seguimiento y dictar una sentencia.

 

El proceso podría durar 2 o 3 años más, lo que echaría al bote de la basura la pretensión de que la reforma judicial cumpliera con el requisito constitucional de ser expedita.

 

Falta menos de un mes para conocer si lo anunciado por Mier fue resultado de un análisis serio de los morenistas o promesas para salir al paso de las críticas.

 

A ver.

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Para nada es una casualidad que el Gobierno mexicano haya informado que el primer Presidente invitado a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum fue el ruso Vladimir Putin.

El gobierno lopezobradorista nunca condenó la invasión rusa a Ucrania y ahora aprovechará la toma de protesta de Sheinbaum como un acto de sutil venganza en contra de Estados Unidos, con el que sostiene varios agravios.

 

El último, la captura del Chapito y la de Ismael Zambada, El Mayo, sin que el Gobierno mexicano se enterara.

 

      @adriantrejo