A pesar de los graves daños que han provocado a la economía y a la vida cotidiana de los mexicanos comunes, el gobierno giró una autorización para que los ejidatarios de Tlahuapan mantengan secuestrada la autopista México-Puebla, el Arco Norte y otras vías dentro de la entidad poblana.

 

Los comuneros abrieron un carril de la México-Puebla, ayer por la tarde, para desfogar el atasco que se produjo tras 48 horas de bloqueo, en demanda de un pago que, a decir del propio presidente López Obrador, se trata de una extorsión.

 

En cualquier otro país, si no funciona el diálogo, se utiliza la fuerza pública para desalojar esa importante vía por la que transitan miles de millones de pesos en mercancías.

 

Aquí, cómo está al final de su sexenio, López Obrador no quiere tomar decisiones que lo hagan pasar a la historia como “represor’’.

 

Pero lo que la ciudadanía no quiere es que el gobierno envíe a la Guardia Nacional a golpear o matar a los reclamantes, sino que los repliegue como se ha hecho otras veces en la México-Cuernavaca o la México-Querétaro.

 

La inacción del gobierno está por provocar que la desesperación de transportistas y ciudadanos que deben utilizar esa vía provoquen una tragedia.

 

Ayer circuló en redes sociales la copia de un cheque por 176 millones 231,515.42 pesos que se pagó el 27 de septiembre de 2018 al entonces comisario ejidal de Santa Rita Tlahuapan.

 

El documento habría sido el pago por los terrenos expropiados para la construcción de las autopistas Tlaxco-Tecojotal, en Puebla; el libramiento Apizaco-Huamantla, en Tlaxcala y la carretera Arco Norte, que atraviesa los estados de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

 

También se revelaron los nombres de los supuestos abogados que, según López Obrador, cilindrean a los ejidatarios para obtener beneficios indebidos de una situación que ya se liquidó.

 

Se trata de Patricia Rodríguez Flores y Jorge Portilla Alba, que representan a no más de una centena de ejidatarios, que son quienes han atentado contra los derechos de los ciudadanos de libre tránsito y cometido el delito de bloqueo de las vías federales de comunicación que se castiga, sí o sí, con cárcel.

 

Si el gobierno está siendo extorsionado para que pague, literalmente derecho de piso, ¿qué se puede esperar del país?

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Este domingo 11, los priistas reelegirán a Alejandro Moreno y a Carolina Viggiano para un periodo más de cuatro años al frente del tricolor.

 

Lo harán, pese a que las autoridades electorales no se han pronunciado sobre la legalidad de las modificaciones a los estatutos y sobre los criterios de la convocatoria para la elección.

 

A pesar de los esfuerzos de varios exlíderes del PRI, la mayoría de ellos desaparecidos de las lides partidistas por años, entre ellos Enrique Ochoa y Dulce María Sauri (ni que decir de Aurelio Nuño), por presionar al INE y al Tribunal Electoral para apresurar el fallo, las instituciones se lo han tomado con calma.

 

Podría darse el caso de que las modificaciones a los estatutos se declararan ilegales, pero eso tampoco representaría un obstáculo para el campechano y la hidalguense pues, si bien los expresidentes se han volcado en contra de la reelección, el grupo que encabezan ni siquiera tiene un gallo para competirles a los hoy dirigentes.

 

Nadie cuestiona su derecho a la crítica interna, pero también no deja de llamar la atención que los exdirigentes del tricolor antepongan el pleito de vecindad antes de estar cuestionando la reforma judicial o criticar el modelo de país que nos quedará de herencia.

 

Ahí hacen falta esas voces críticas.

 

      @adriantrejo