A pesar de la desinformación inducida por México y Estados Unidos y sobre todo por revelaciones de la prensa norteamericana, el caso de Ismael El Mayo Zambada podría elevarse a escándalo político mexicano que de manera legal obligue a Washington a regresar al capo del Cártel de Sinaloa a México por irregularidades que no pasarían los tamices legales americanos.
El otro tema más delicado fue la propia revelación del capo sobre su relación de amistad con el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y la aportación de elementos informativos que estarían presentando al dirigente criminal como un operador político para lograr la paz entre dos figuras locales en pugna: el mandatario estatal y el líder universitario y su partido político, Héctor Melesio Cuén.
La salida de emergencia que encontró el gobernador Rocha le dio un poco de respiro, pero con los indicios de que El Mayo Zambada podría estar comenzando a filtrar información de sus relaciones políticas para salir de la prisión estadounidense por violación a sus derechos y ser víctima de un secuestro ilegal que las autoridades estadounidenses no deberían avalar.
Si el gobierno del presidente López Obrador facilitó las acusaciones contra el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, el jefe máximo del Cártel del Chapo ya soltó un misil que estalló en la oficina principal del Gobierno estatal. Al parecer, la estrategia de la defensa de El Mayo estará en la filtración de datos que involucren a personalidades hasta ahora locales.
Para tranquilidad propia y del Gobierno del presidente López Obrador, el gobernador Rocha está obligado a ir más allá de la zona negativa mediática. El problema no radica sólo en que pudiera haber tenido algún tipo de negociación con un cártel, sino que el jefe del grupo delictivo de Sinaloa ha revelado un papel político estabilizador entre los grupos políticos sinaloenses.
El Mayo pudiera abrir la caja de Pandora de la narcopolítica que hasta ahora El Chapo se ha negado.
Zona Zero
- El calendario político del caso Mayo ya involucró a la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo por haber participado en el acto político donde el gobernador Rocha se deslindó del crimen organizado y el Presidente saliente le dio el aval. En los hechos políticos, el acto en Culiacán del sábado contaminó la definición de la estrategia de seguridad pública y arrancará su operación cargando el fardo del Cártel de Sinaloa y sus relaciones políticas
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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