Lejos de alcanzar el objetivo de democratizar el sistema de impartición de justicia con la elección de jueces, magistrados y ministros como propone la iniciativa de reforma que impulsa Morena y sus aliados, esta modificación pondrá en grave riesgo el Estado de derecho en el país, advirtió la exmagistrada federal Martha Elizabeth Ibarra.
Sostuvo que la elección de los juzgadores mediante voto popular de la ciudadanía no garantiza de ninguna manera la profesionalización, imparcialidad e independencia que deben tener los impartidores de justicia en México.
“De llevarse a cabo en esa forma se estaría vulnerando uno de los principios fundamentales de un Estado de derecho, que es, precisamente, la independencia judicial.
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La neutralidad de nuestros juzgadores es esencial para que todos los ciudadanos tengan la certeza y seguridad de que cada caso será juzgado con total neutralidad y no conforme a intereses”, afirmó la jurista.
En cambio, abundó en un comunicado, esos esfuerzos de mejora y de evolución deben enfocarse en proteger los derechos de los ciudadanos y en mantener la confianza pública en el sistema judicial, que es un baluarte que no puede ni debe comprometerse.
La ahora consultora financiera y fiscal empresarial expuso que la elección popular de los jueces puede llevar a una politización del Poder Judicial, donde los candidatos se vean obligados a alinearse con partidos políticos o ideologías para asegurar su elección.
“Esto podría resultar en decisiones judiciales influenciadas por la política y no por una interpretación objetiva de la ley. En un sistema de elecciones populares, los candidatos a jueces podrían depender de donaciones y apoyos de grupos de interés para financiar sus campañas. Esto puede crear un sesgo hacia aquellos que financian sus campañas, comprometiendo su imparcialidad y objetividad en la toma de decisiones”, explicó.
Ibarra alertó que también se puede abrir camino a la falta de competencia, ya que los jueces y magistrados deben poseer un alto grado de conocimiento y competencia en derecho, mientras que unas elecciones populares, sin un mecanismo adecuado para evaluar estas competencias, podrían resultar en la elección de jueces sin la preparación necesaria para manejar casos complejos o sensibles.
La exmagistrada federal advirtió que con el sistema de elección que se propone, el Poder Judicial quedaría muy vulnerable frente a la opinión pública, cuando las decisiones de los jueces deben fundamentarse en la ley y la justicia, aunque sean impopulares.
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“La independencia judicial asegura que los jueces puedan tomar decisiones basadas exclusivamente en la ley y en los hechos del caso, sin temor a represalias o influencias externas, lo que permite que el poder judicial actúe como un árbitro imparcial, capaz de resolver disputas y proteger los derechos constitucionales de los individuos.
Además, la independencia judicial es crucial para mantener el equilibrio de poder entre las distintas ramas del gobierno, evitando abusos y garantizando que ningún poder tenga un control absoluto”, apuntó Ibarra.
Enfatizó en que los juzgadores en el país deben ser estrictamente electos por su perfil de conocimientos y experiencia, “incluyendo un dominio profundo del derecho constitucional, civil, familiar, penal, administrativo, laboral, entre otros, además de contar con una trayectoria intachable, demostrando un compromiso ético y una capacidad para conocer y resolver de casos de alta complejidad, con equidad y justicia”.
“Como exmagistrada federal he vivido los retos y exigencia que enfrenta un juzgador en México. La responsabilidad de impartir justicia en un país como el nuestro, no es tarea fácil, requiere un profundo conocimiento de las leyes y de la impartición de la justicia para dar a cada quién lo que en derecho le corresponde; al igual que una experiencia vasta en las diferentes ramas del derecho y, sobre todo, una integridad e independencia al juzgar, que debe ser inquebrantable”, concluyó.
MC